Emilio
García Prodio, vocero de la comunidad indígena Jiw denunció públicamente la
difícil condición humanitaria en la que permanecen cerca de 90 personas, entre
ellas aproximadamente 30 menores de edad,
en el municipio de Puerto Concordia, Meta.
Según
García, la comunidad se encuentra sin acceso al servicio de agua potable, por
lo cual se han visto obligados a obtener este suministro del río Ariari, que
queda a escasos metros de la infraestructura dónde se encuentran asentados hace
ya algunos meses. Sin embargo, el Ariari
también recibe las aguas negras del municipio de Puerto Concordia, lo cual
afecta la salud de la comunidad y ya son varios los casos de diarrea e
infecciones estomacales.
En
diálogo el vocero de la comunidad agregó que hay dificultad para
acceder a los servicios de salud y educación en el municipio, y aunque
reconoció que las instalaciones cuentan con energía eléctrica hizo un llamado
urgente para que puedan obtener acceso al agua potable.
El
pasado 5 de abril una comisión de la Defensoría del Pueblo, llegó hasta el
municipio de Puerto Concordia y el defensor Carlos Negret, constató de primera
mano la situación de derechos humanos en resguardo Caño La Sal, ubicado en la
zona rural del municipio.
En
esa ocación Negret manifestó que “he apuntado todo lo que nos han dicho. Vamos
a cumplirle al pueblo Jiw y a requerir a los que tienen incidencia porque acá
se necesita hacer una delimitación del territorio, traer servicio de salud y
educación para los niños, y que puedan tener acceso a los ríos para pescar y a
sus terrenos para cazar y cultivar, la yuca y el plátano”.
El
vocero de la comunidad indígena aseguró que luego de la visita de la
Defensoría, la alcaldía del municipio los autorizó a quedarse
temporalmente en las instalaciones de un
hospital abandonado, pero más allá de eso solicitan que se les asigne un
territorio para asentarse y retomar la vida indígena.
"Estamos
pidiendo que nos regalen o asignen o como se llame, un territorio, un indígena
sin territorio no es nada y si no tenemos dónde cultivar la yuca y el plátano
no podemos llevar una vida digna, no estamos pidiendo plata, solo un territorio
para dejar de molestar a las autoridades" aseguró García.
El
drama de la comunidad Jiw empezó hace dos años cuando salieron desplazados por
grupos armados de sus tierras ubicadas en el municipio de Mocuare, departamento
del Guaviare. Posteriormente su éxodo los llevó a varios municipios del
Guaviare y del Meta hasta llegar a
Puerto Concordía, allí reciben ayudas humanitarias por parte de la Unidad de
Víctimas, aunque aseguran que no siempre los mercados llegan a tiempo.
Emilio
García Prodio también dice que no se ha podido comunicar con los líderes de las
organizaciones indígenas como la ONIC o los congresistas de las
circunscripciones especiales, puesto que las comunicaciones son difíciles en el
sector y tampoco hay presencia de dichas organizaciones en el territorio.
