Por
el asesinato a golpes de su hijastro de cinco años de edad, en un hecho que
estremeció a la comunidad antioqueña, la justicia sentenció a 33 años y 4 meses
de prisión, al sargento segundo del Ejército Nacional, Richard Antonio Pérez.
Los hechos investigados ocurrieron el 6 de
febrero de 2016, cuando el niño fue llevado sin signos vitales a un centro
asistencial de Medellín, luego de un vómito severo.
El
padrastro aseguró que el menor presentaba dolor de estómago, luego de caerse de
una bicicleta.
La
versión fue descartada con el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses, que estableció que el menor falleció a causa de
traumatismos severos en los intestinos, el bazo, el páncreas y los riñones.
Además,
el niño presentaba una fractura en el antebrazo izquierdo que no fue tratada
clínicamente, así como signos de maltrato físico y desnutrición.
Al
referirse a la condena proferida por Juzgado 29 Penal del Circuito con
funciones de conocimiento, la directora seccional de Fiscalías de Fiscalías de
Medellín, Adriana María Villegas Arango, dijo que el suboficial fue hallado
culpable de homicidio agravado con dolo eventual, porque quedó demostrado que
la víctima recibía constantes maltratos físicos que finalmente terminaron con
su vida.
La
familia del niño rechazó la condena contra el sargento Richard Antonio Pérez, y
pidió al Tribunal Superior de Medellín, que le aplique la máxima pena, para que
pague por todo el sufrimiento al que sometió a su hijastro.
Así
lo manifestó, Mirla Luz Atencio, abuela materna el menor. La señora aseguró que
su hija Yeraldin Carrascal Atencio, no ha podido superar esta tragedia.
"Los 33 años (de cárcel) es poquito para él, por todo lo que le hizo a mi
niño, no tiene perdón de Dios. Mi nietecito era un niño juicioso. Yo quisiera
que él por cada cosa que le hizo a mi nieto, me lo pagara una a una. Que
pague", dijo la abuela.
Contra
el sargento Richard Antonio Pérez, de 39 años de edad, y quien fue capturado por servidores del CTI cuatro días
después de los hechos, se abrió otra investigación por presunta tortura contra
su hijastro, a quien tenía bajo su protección desde el 7 de diciembre de 2013, cuando obtuvo un permiso del
Ejército Nacional para pasar las vacaciones con el niño.
Durante
las audiencias, la familia del menor denunció negligencia de las autoridades,
para restablecer los derechos del infante y devolverlo a su hogar materno.
El
fallo contra el suboficial fue apelado por la defensa y la Fiscalía General de
la Nación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.
