No resultó efectiva
para convencer a los ciudadanos la campaña (con poco dinero) de la consulta
anticorrupción que propendía por endurecer el castigo a los políticos y
empresas corruptas que contratan con el Estado en Colombia.
Aunque estaban
habilitados 36 millones de electores que podrían pronunciarse de manera voluntaria
contra la corrupción, no se logró la meta mínima requerida para cumplir con las
disposiciones de ley.
Con un 98,29% de las
mesas escrutadas, apenas se alcanzaron 11.481.219 votos de los más de
12.140.342 que se tenía como umbral para que la propuesta de un grupo de
ciudadanos se hiciera realidad.
Esta propuesta –que
pasó a ser una frustración para sus promotores– incluía siete propuestas que
aspiraban a convertirse en mandatos anticorrupción, entre los cuales se
destacaba la reducción del salario de los congresistas. Igualmente, establecía
la eliminación del beneficio de casa por cárcel para corruptos y el embargo de
bienes a condenados por ese delito. También proponía restringir el derecho a la
reelección de cargos de votación popular y obligar a los parlamentarios a
rendir cuentas y hacer público su patrimonio.
Aunque estaba enfocada
principalmente en el castigo a funcionarios públicos, la iniciativa también
buscaba transparentar la contratación con el Estado y prohibir que empresas
condenadas por sobornos u otras prácticas de corrupción puedan tener tratos con
el sector público.
De acuerdo a una serie
de investigaciones, Colombia perdió el 4% del PIB por corrupción entre 1991 y
2011, un promedio de nueve billones de pesos por año.