Textos Fotos del Espectador.
La Fiscalía tiene en su
poder decenas de audios de cómo terceros, entre ellos Marlon Marín,
aparentemente buscaban quedarse con los dineros del posconflicto. En uno de
ellos, Marín pide el pago de una coima de $20 millones para desviar los recursos
de uno de esos contratos.
Marlon Marín está en
Estados Unidos como parte de su colaboración con la justicia norteamericana
que, hace un mes, lo pidió en extradición. Lea esta convesrsación:
- Viviana: (…) Marlon,
pues es que Jessica me contó lo de los proyectos.
- Marlon Marín: Ah sí,
yo le dije que te comentara.
- Viviana: Bueno, yo ya
tengo todo.
- Marlon Marín:¿Pero si
lo quieres agarrar?
- Viviana: Sí, claro...
- Marlon Marín: Bueno.
Eso es directamente con nosotros ¿Si me entiende? Porque esos cupos nos los dan
a nosotros. Usted sabe cómo son esas cosas. Pero yo le dije a Jessica de una
condición.
- Viviana: ¿Los 20
millones? Eso no es problema.
- Marlon Marín: Sí
señora, de anticipo. Entregando eso y la documentación de la constructora, a
los 15 días estamos firmando. ¿Qué les estamos pidiendo nosotros como familia?
El 5%. Usted puede manejar el otro 5% (...). Nosotros solo pedimos el 5% aparte
de los $20 millones que vaya a dar.
Este diálogo hace parte
de los más de 80.000 registros telefónicos que, según la Fiscalía, están en su
poder y que probarían los malos manejos que se les han dado a los recursos para
el posconflicto en Colombia. Irregularidades que, de acuerdo con el fiscal
Néstor Humberto Martínez, tuvo como “gestor” a Marlon Marín, sobrino del
exguerrillero –y futuro senador– Luciano Marín Arango, más conocido como Iván
Márquez. Eso da pistas del poder que tendría Marín en los proyectos en los que
se iba a destinar recursos de paz y cómo, para desviar el dinero, pedía una
coima de $20 millones que debía pagarse mediante un anticipo.
El fiscal Martínez,
como parte de esta investigación, asistió a un debate de control político en la
Comisión Primera de la Cámara de Representantes en donde develó detalles de
cómo se habrían malgastado dichos recursos. Fue un debate tenso, pero donde
tuvo la oportunidad de manifestar que había 12 intermediarios dedicados de
manera exclusiva a conseguir contrapartes para apropiarse de millonarias
cantidades de dinero, luego de tener información privilegiada sobre la
calificación y determinación de los proyectos.
Este es el resto de la
primera conversación:
- Viviana: (En) Cúcuta
ya tengo la constructora, me van a pasar la documentación en la noche. Ya pasé
la documentación de Antioquia y la de Bogotá son dos constructoras que les
trabajaban a Odebrecht en la Ruta del Sol.
- Marlon Marín: Ah, no.
Buenísimo.
- Viviana: (...) Es una
empresa súper buena. Entonces me dijeron súbase para que hablemos.
- Marlon Marín: Ok,
pero mire. Yo le dije a Jessica porque eso nos lo dijeron ayer. Entonces toca
dejarlo cuadrado de aquí al sábado por la tarde. Por eso el apuro mío.
- Viviana: Mejor dicho,
yo tendría que subir mañana.
- Marlon Marín: Yo creo
porque eso toca dejarlo de aquí al sábado ya con la documentación de una vez.
- Viviana: Para que nos
reunamos y tener por ahí 3 constructoras.
- Marlon Marín:
Regáleme una llamadita en tres horas cuando me desocupe.
"Él (Marlos
Marín), siendo parte del entorno de las directivas del nuevo partido (FARC),
era el gestor más importante para apropiarse de estos recursos", dijo el
fiscal general haciendo referencia al sobrino de Márquez, quien actualmente se
encuentra en Estados Unidos como parte de su colaboración con la justicia,
tanto estadounidense como colombiana. Además de los registros telefónicos, que
se obtuvieron por cuenta de la investigación desde principios de 2017, el
fiscal Martínez aseguró que también cuentan con un dossier de inspecciones,
allanamientos, interrogatorios, testimonios y seguimientos judiciales.
En otro de los audios
que están en poder de la Fiscalía, Marín habla con un hombre, cuya
identificación no se conoce, pero a quien llama "el Profe". El
primero le pregunta cómo van los proyectos que negociaron y, al parecer, le
explica al interlocutor que hay que modificar las condiciones financieras de un
proyecto para ajustarlo. "El Profe" le explica que él no se va a
meter en esas cuestiones de ajuste, que lo que necesita es trabajar porque
"ahí hay plata para todos". A su vez, Marín le explica que ya lo hizo
él y que, después de estudiar las modificaciones, el proyecto pasaba de costar
20.356 a 22.206.
Para el fiscal general,
Marín es pieza clave en la información privilegiada que conocía sobre la
calificación y determinación de los proyectos. “Tenemos identificados a al
menos cuatro alcaldes de los de departamentos Antioquia, Boyacá, Nariño y
Casanare, que actuaban en contumacia con funcionarios de algunas entidades del
sector central que también se están identificado y tenían varias modalidades
para apropiarse de los recursos”, agregó el fiscal durante el debate en el
Congreso..
Al menos tres
modalidades fueron descubiertas por la Fiscalía para que los intermediarios se
apoderaran del capital del posconflicto. De acuerdo con la investigación, la
primera consistía en la contratación de vías terciarias en municipios que han
sufrido los embates del conflicto armado. Allí, los supuestos intermediarios
lograban obtener la cuantía de las vías, buscaban a los contratistas y, por
ello, cobraban una comisión. Proyectos que, según el ente investigador, iban a
ser ejecutados en 19 departamentos del país. (Lea también: El lío por el dinero
de la chequera para la paz)
La segunda tiene que
ver con las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado – ZOMAC. “Allí, los
intermediarios buscaron contratistas que se encontraban en condición de generar
proyectos bajo las condiciones de la ZOMAC. Allí todo funcionaba sobre la base
de tener relaciones con los alcaldes de los municipios, porque los únicos que
podían postular proyectos para estas zonas eran los alcaldes de los
municipios”, explicó Néstor Humberto Martínez.
En tercer lugar, se
evidenciaron tramites en la Agencia de Desarrollo Rural en la que los
intermediarios tenían por objeto
reformular los proyectos, de acuerdo con la tecnología y con los
requisitos que exigía la agencia. Esto sería cobrado a un 11% del proyecto. “Se
tienen identificados seis contratos donde funcionarios habrían recibido
recursos y hubo pagos de varios millones de pesos”, finalizó el fiscal general.