Las alertas se
encendieron luego de que el Procurador
General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, solicitara al Consejo Directivo
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la suspensión de la
invitación pública para la contratación de los servicios de salud a los
afiliados por un valor de $5.277
billones de pesos.
Según el Ministerio
Público, en la vigilancia al proceso de contratación se ha encontrado una serie
de inconsistencias que no garantizan la transparencia del proceso, en atención
a los principios de la Constitución Política, la Función Administrativa y la
Gestión Fiscal.
Con la solicitud de
suspensión se busca que el proceso sea replanteado, las recomendaciones atendidas y que la
contratación se ajuste a los principios y normas que rigen el Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública, garantizando la transparencia en
la selección, así como la idoneidad de quienes resulten adjudicatarios en dicho
proceso contractual.
Edgar Enrique Ardila
Barbosa, el abogado de las empresas que en
Temporal buscaban
quedarse con esa licitación para atender los profesores del Meta, interpuso dos
acciones de tutela en contra del cuestionado proceso.
