Un juez de Bogotá con
función de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en
establecimiento carcelario a 10 supuestos integrantes de una banda dedicada al
tráfico de estupefacientes a nivel nacional.
El togado consideró que los procesados
representan un peligro para la comunidad, ya que con su accionar violaron las
normas de salud pública.
Durante la
judicialización, el fiscal antiterrorismo indicó que dentro de la red actuaban
como contactos, tres agentes activos de la Policía Nacional, los cuales fueron
identificados como, el subintendente Willinton Hernández Piedrahita, presunto
líder de la organización; el agente Valentín Naranjo Molina, activo de la
Policía Metropolitana de Villavicencio (Meta) y el uniformado Edgar Leonardo
Boada Bautista, activo de la Policía en Cúcuta (Norte de Santander).
Los tres uniformados
realizaban operativos antidrogas en sus respectivas ciudades y una vez
incautados los estupefacientes, los negociaban por su cuenta, indicó el fiscal
del caso.
Para lograr la
comercialización de la droga, los policiales tenían como enlaces a los particulares Eison Gámez Ramírez, quien
tenía nexos con los frentes 24 y 27 de las FARC; Diana Marcela Bonilla Ortíz,
José Edgar Sánchez, Víctor Orlando Hurtado Gutiérrez, Héctor Bonilla Calderón,
Jean Gómez Villarreal y Edwin Arsenio Rubio.
Se conoció que la red
contaba con la complicidad de los uniformados, luego de establecer que en la
ciudad de Cúcuta, durante un retén, la Sijin de la Policía logró la incautación
de 194 kilos de cocaína que desaparecieron, y de los cuales solo aparecieron 66
cerca del comando de esa unidad policial.
Por otra parte, la
Fiscalía expuso que los integrantes de la red estaban proyectando una
estrategia para lograr la fuga de la cárcel de Cómbita (Boyacá), del cabecilla de finanzas del Frente 27 de las
FARC, Huber Vargas Galindo, alias Andrés o Chorizo, capturado en San José del
Guaviare.
Por la actuación de los
uniformados, el fiscal antiterrorismo les imputó el delito de concierto para
delinquir con fines de narcotráfico; mientras que a los particulares les endilgó concierto para delinquir en
concurso con rebelión.
Tras un seguimiento de
más de 6 meses por parte de las autoridades, se logró establecer la posible
responsabilidad de cada uno de los procesados. Los policiales fueron remitidos
a la cárcel La Picota y los particulares a la cárcel Modelo, de Bogotá, excepto
Diana Marcela Bonilla Ortíz, a quien el juzgador le concedió la detención
domiciliaria.