En lo corrido del año
se han incorporado 8.705 medicamentos en el control directo.
El Gobierno Nacional estableció precios máximos de venta a
163 principios activos, que contemplan cerca de 8.600 medicamentos, al
incorporarlos al régimen de control directo a través de la Comisión Nacional de
Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos.
La decisión busca salvaguardar la sostenibilidad del Sistema
General de Seguridad en Salud, dice el informe de prensa.
Esta medida se suma a las ya adoptadas por la Comisión en
2011, y principios de 2012, con la cual quedan 8.705 medicamentos en control directo.
Algunos de estos medicamentos son utilizados en enfermedades como cáncer,
hipertensión, insuficiencia cardíaca, epilepsia, depresión, acidez, alzhéimer y
artritis, entre otras.
El anuncio fue adoptado tras la reciente suspensión
provisional, por parte del Consejo de Estado, de las resoluciones del
Ministerio de Salud y Protección Social que establecían límites a los recobros.
El Gobierno había expedido las medidas de control cuando el
monto alcanzado por los recobros fue de 2.4 billones de pesos en 2010, momento
en el que no eran regulados y habían crecido a tasas del orden del 66% anual,
poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud colombiano.
Estas resoluciones lograron detener el crecimiento de los
recobros durante 2011 y 2012 y permitieron un ahorro cercano al 15%, respecto
al máximo observado en 2010 en los medicamentos objeto del control, destaca el
informe de prensa.
Las circulares de la Comisión están en línea con el documento
Conpes sobre Política Farmacéutica y con las declaraciones del presidente de la
República, sobre los altos costos de algunos medicamentos que se comercializan
en Colombia.
Igualmente la Comisión aprobó la circular 02 de 2012 la cual
establece que el publico podrá conocer la información correspondiente a precios
mínimos y máximos reportados en cada eslabón de la cadena de comercialización.
Esta determinación se da con el objetivo de dar cumplimiento al principio de
transparencia que enmarca la política regulatoria del Gobierno.
