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La Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó el
carácter definitivo e inapelable de sus sentencias, y desestimó la solicitud de
revisión que el Estado colombiano elevara en febrero de este año, frente al
caso de la Masacre de Mapiripán, ocurrida en junio 1997.
Ante esto se indican que ninguno de los elementos presentados
por el Estado desvirtúa los fundamentos de atribución de responsabilidad
estatal por la comisión de la masacre perpetrada por grupos paramilitares.
“Las faltas del Estado en sus deberes de protección de las
víctimas y familiares durante la masacre y en su debida diligencia en las
investigaciones propiciaron que, a la fecha de la Sentencia, la mayoría de las
víctimas y sus familiares no hubiesen sido identificados”, precisa uno de los
apartes de la decisión de 20 páginas conocida en primicia por El Espectador.
La Corte Interamericana excluyó a seis personas que habían
sido catalogadas como víctimas en la masacre al revisar el material probatorio
y testimonial, determinado que estas personas no fueron víctimas de la matanza
perpetrada por miembros de las autodefensas en el oriente del país.
En la decisión se señala que según los documentos presentados
por el Estado y sus autoridades se pudo inferir que estas personas “no deben
ser consideradas como víctimas del caso, ni como beneficiarios de las
reparaciones correspondientes a sus familiares”.
Se hace mención principalmente al caso de Mariela Contreras,
quien pese a recibir una indemnización, luego manifestó ante las autoridades y
los medios de comunicación que no había sufrido los estragos de dicha matanza.
De igual modo la Corte excluyó como víctimas a Omar Patiño
Vaca y Eliécer Martínez Vaca, quienes habiendo sido reconocidos y propuestos
como tales por el propio Estado, fueron luego cuestionados por el mismo.