En el transcurso de la próxima semana la Fiscalía, la
Procuraduría y la Contraloría tendrán que presentar los planes que se van a
adoptar para recuperar los recursos del sistema de salud que se han dilapidado
o robado en los últimos cinco años.
De esta manera los órganos de control tendrán que atender el
ultimátum emitido por la Corte Constitucional en el marco del cumplimiento de
la sentencia T-760 de 2008 y los seguimientos a la misma.
El alto tribunal ha manifestado que es necesario presentar un
plan que controle el desangre del sistema de salud originado por la corrupción
administrativa, para así lograr una sostenibilidad financiera de dichos
recursos públicos.
"Los entes de control deben ejercer la facultad de
inspección y vigilancia en un momento anterior a la salida de esos recursos de
las arcas del Estado, para hacer un seguimiento minucioso a su destinación y
ejercer un acompañamiento permanente, conminado a custodiar el erario de las
posibles malversaciones o dilapidaciones de las que pueda ser objeto",
precisa uno de los apartes del fallo.
Y es que para la Corporación, tanto la Fiscalía como la
Procuraduría deben tomar cartas en el asunto en el marco de las investigaciones
penales y disciplinarias, respectivamente, sobre el dinero que ha sido
malversado de los fondos de la salud y cuyo valor podría ascender a los 8
billones de pesos.
En este sentido se indica que los dos órganos deben
identificar e individualizar a las personas que han usado dichos recursos
públicos