El
movimiento Defendamos la Paz enumeró ocho mecanismos consignados en los textos
de La Habana para acabar con la violencia. Ejecutar el Pacto Político Nacional
y aprobar las 16 circunscripciones de paz son dos de ellos.
Las
movilizaciones del pasado 26 de julio fueron convocadas por el movimiento
ciudadano Defendamos la Paz. Proteger la vida de los líderes sociales y
exguerrilleros será el tema que tratará la Comisión Nacional de Garantías el
próximo 12 de agosto. Cristian Garavito:
La
consigna de proteger la vida de los líderes sociales y exguerrilleros
amenazados generó que cientos de personas, políticos y el Gobierno mismo se
unieran a las movilizaciones del pasado 26 de julio, convocadas por los
defensores del Acuerdo de Paz.
Ante
el fuerte llamado de los colombianos sobre este tema, el presidente Iván Duque
pidió para el próximo 12 de agosto una sesión de la Comisión Nacional de
Garantías para examinar la situación de violencia y vulnerabilidad que viven
los representantes de los territorios y que, ya en reiteradas ocasiones, el
mismo mandatario ha reconocido como difícil la tarea de protegerlos. Defendamos
la Paz se pronunció al respecto.
Aunque
el movimiento ciudadano celebra la medida de Duque en favor de la vida de
líderes y excombatientes, se permitió recordar que el Acuerdo de Paz con las
Farc, firmado hace casi tres años en La Habana, contiene varios mecanismos para
implementar rutas claras y eficaces que paren la ola de violencia que acecha al
país, ahora más en periodo electoral.
Entre
las propuestas, Defendamos la Paz reiteró el mandato constitucional de
fortalecer a las instituciones encargadas de la protección de los más de siete
millones de personas que el Gobierno identifica por su labor como líderes
políticos, sociales, y comunitarios. Entre ellas, está la Comisión Nacional de
Garantías y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía.
Así
mismo, y según proponen los textos de la Paz, el movimiento pide poner en
práctica el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y
Organizaciones en los Territorios, como también el Pacto Nacional contra la
violencia, para que la sociedad civil y los partidos políticos rechacen
conjuntamente estos crímenes. Finalmente, los defensores que hacen parte de
dicho movimiento insisten en que el Gobierno está en mora no solo en eso, sino
en ejecutar los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y los programas
de reincorporación, para construir realmente una paz estable y duradera en
vasto territorio colombiano. Finalmente, recordaron la deuda de aprobar las 16
circunscripciones de paz, hundidas en el Congreso pasado.
Estos
son los ocho mecanismos que Defendamos la Paz destacó para ese cometido:
1.
Se requiere dotar a la Comisión Nacional de Garantías de un Plan de Acción
Permanente para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y
desarrollar sus funciones encaminadas a impulsar la política pública de
seguridad para la paz en el plano nacional, departamental y municipal. No basta
con citarla de manera esporádica.
2.
El Gobierno está en mora de poner en práctica el decreto 660 de 2018 mediante
el cual se creó el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades
y Organizaciones en los Territorios, construido con la participación de
organizaciones de la sociedad civil. Este decreto puede ayudar a superar el
modelo de protección individual, hacer el tránsito a la protección colectiva y
posibilitar la participación de las comunidades en el diseño de los planes de
protección.
3.
Las mesas de garantías departamentales y municipales constituyen instrumentos
que, desde 2013, han mostrado su utilidad para la recepción de denuncias y
coordinación de acciones y necesitan ser instaladas o reactivadas.
4.
La pronta ejecución de los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y de
los programas de reincorporación contribuye a asegurar la presencia integral y
permanente de todas las instituciones del Estado requeridas para satisfacer los
derechos fundamentales de la población.
5.
Es necesario el fortalecimiento de la Unidad Especial de Investigación de la
Fiscalía para desarticular las estructuras
criminales y las mafias en los territorios, y sobre todo para capturar y
sancionar a los autores intelectuales de los asesinatos.
6.
La consecución del Pacto Político Nacional constituye una urgencia para excluir
definitivamente la violencia de la vida social y política, como lo estipula el
punto 3.4.2 del Acuerdo.
7.
Invitamos a las candidatas y los candidatos a las alcaldías y gobernaciones a
hacer un compromiso público para que, durante sus administraciones, diseñen o
fortalezcan políticas públicas de protección para líderes sociales y
solicitamos a altos funcionarios, autoridades locales y candidatos el uso de un
lenguaje que valore su trabajo en los territorios, evitando todo tipo de
estigmatización.
8.
Una contribución a la política de protección, que dará voz a líderes sociales
en el Congreso de la República, es sancionar el Acto Legislativo que crea las
16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, que fueron aprobadas por
el Legislativo en noviembre de 2017, una solicitud para cuyo respaldo nuestro
movimiento recoge actualmente un millón de firmas.
Como
defensores del Acuerdo de Paz, el movimiento ciudadano solicitó al presidente
Duque cumplir con lo pactado entre la extinta guerilla de las Farc y el Estado
colombiano. Además, se puso a disposición para lograrlo. “Como cuestión
prioritaria, el movimiento Defendamos la Paz está comprometido a trabajar en la
protección de la vida de las personas que ejercen liderazgo social y están en
el proceso de reincorporación. El fin de los asesinatos no se logrará sin el
desmantelamiento de las organizaciones militares en los territorios y eso
último debe abocarse de manera
prioritaria en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad”. “Estamos listos
para contribuir a su labor”, fue el mensaje.