La Fiscalía General
adelanta una investigación contra el exsenador para establecer el origen del
dinero incautado en octubre de 2015.
Al resolver un recurso
de apelación presentado por la Fiscalía General, el juzgado tercero penal del
circuito de Sincelejo revocó el fallo de primera instancia en el cual se
ordenaba la devolución de los 487 millones de pesos incautados al excongresista
Yahir Acuña Cardales por la Policía Nacional el pasado 23 de octubre.
En fallo de segunda instancia el juzgado anuló la orden emitida por el juzgado segundo penal ambulante de Sincelejo con función de control de garantías el pasado 4 de marzo. Esto al considerar que se debe cumplir el plazo establecido por la ley para el reintegro del dinero incautado por las autoridades nacionales, el cual es de seis meses.
En fallo de segunda instancia el juzgado anuló la orden emitida por el juzgado segundo penal ambulante de Sincelejo con función de control de garantías el pasado 4 de marzo. Esto al considerar que se debe cumplir el plazo establecido por la ley para el reintegro del dinero incautado por las autoridades nacionales, el cual es de seis meses.
Por estos hechos la
Fiscalía General adelanta una investigación en contra del exsenador y su
esposa, la excandidata a la Gobernación de Sucre, Milene Jalaba. El ente
investiador busca determinar el origen y legalidad del dinero que transportaba
el mismo Acuña en una camioneta de su propiedad que fue retenida por las
autoridades en la vía que conduce a Sincelejo con Corozal.
La Unidad Nacional de
Extinción de Dominio de la Fiscalía emitió medidas cautelares mientras se
adelanta la investigación. El ente acusador busca establecer si existe algún
delito por parte del exsenador. Las primera hipótesis es que el mismo iba a ser
utilziado para la compra de votos en la región para apoyar la candidatura de su
esposa, puesto que el mismo fue incautado dos días antes de los comicios departamentales.
En su defensa Acuña ha
manifestado que el dinero es producto de la venta de tres lotes de su
propiedad. Debido a esto el ente investigador ordenó la recolección de la
información relacionada con el patrimonio del excongresista de Sucre.
