De Semana-Semana.com
conoció que Acción Social Integral, que alimenta con huevo y mango a niños en
Cesar, se llamaba Kábala y cambió su nombre para obtener contratos. Habla el
viceministro.
Aguachica: fundación
Acción Social estaba vetada por Mineducación
Los alimentos los entrega la Fundación Acción Social Integral. Foto:
Archivo particular
Si el video que muestra
la precariedad de los alimentos y la manera como se reparten en el Colegio
Sagrado Corazón de Aguachica (Cesar) causó indignación, mucho más lo hicieron
las fotografías de los niños tirados en el suelo comiendo huevo y mango,
repartido por uno de los operadores que suministran alimentos en esta
institución del Caribe.
Con el paso de las horas
se ha ido ilustrando cómo es la situación en este plantel. Las imágenes del
video difundido el miércoles pasado corresponderían a las raciones que entrega
uno de los operadores en este colegio llamado Fundación Provenir, que obtuvo un
millonario contrato con la Alcaldía de Aguachica.
Sobre esta situación el
alcalde de ese municipio, Henry Montes, manifestó a Blu radio que fue él quien
firmó el contrato con la fundación, por un tiempo de un año. Así mismo,
reprochó la forma como les entregaron los alimentos a los pequeños y dijo que
cancelaría la relación contractual.
Pero mientras Provenir
suministra los refrigerios, otra organización provee las otras raciones del
día. Las fotografías donde se ve a los niños comiendo huevo, aguacate y mango
hacen parte de los alimentos que entrega la Fundación Acción Social Integral
que obtuvo, por parte de la Gobernación, el contrato 020004 del 15 de enero del
2016 por 17.267 millones de pesos para el suministro de alimentos en colegios
públicos, entre ellos el Sagrado Corazón.
Lo más sorprendente es
que esta fundación, que hoy está bajo el escrutinio por no operar debidamente
en ese colegio, tendría un pecado adicional: es la misma que funcionó el año
pasado en Bolívar con el nombre de Kábala y que, ante presuntas irregularidades,
no le fue prorrogado el contrato de prestación de servicios de alimentación
escolar por parte del Ministerio de Educación.
Como dicen en la propia
Contraloría General, donde le hacen seguimiento a la inversión de los
millonarios recursos del programa, esta empresa está trabajando ‘en cuerpo
ajeno’. El representante legal de esta fundación, según fuentes del organismo
de control, es José Luis Fuentes Sallago.
La ministra de
Educación, Gina Parody, a principios de año le envió una carta al contralor
general, Edgardo Villazón, en la que le informa las presuntas irregularidades
de esta polémica fundación.
En la misiva advierte:
“Surgen múltiples interrogantes al identificar que la misma entidad a la que el
Ministerio de Educación Nacional decidió no prorrogarle su contrato en el
departamento de Bolívar por presuntos incumplimientos, resulte adjudicataria de
manera simultánea en dos entidades territoriales. Máxime cuando la decisión de
no prorrogar fue ampliamente divulgada, incluso en rueda de prensa conjunta con
la Contraloría General de la República”.
En conversación con
Semana.com, el viceministro de Educación, Víctor Saavedra, aseguró que en el
2015 se canceló el contrato con Kábala, en Bolívar, porque no cumplía la
adecuada prestación del servicio, como el gramaje de los alimentos, las
capacitaciones a las manipuladoras, entre otros.
“Normalmente se
recomienda a las administraciones no contratar con las organizaciones que han
sido sancionadas o han presentado irregularidades”, manifestó.
Por esa razón, en el
Ministerio de Educación causó sorpresa que en Cesar se hiciera un contrato con
la Fundación Acción Social Integral, a sabiendas de que tenía los mismos
representantes legales de Kábala.
“En enero de este año
nosotros denunciamos esa contratación y, por eso, la Contraloría adelanta una
investigación”, explicó.
Pero estas no son las
únicas irregularidades que ha encontrado el Ministerio. Saavedra aseguró que,
de acuerdo con el Decreto 1852 de 2015, está prohibido que en una misma
institución suministren alimentos dos empresas operadoras.
“La Gobernación y la
Alcaldía deben tener una bolsa única de recursos, así es más fácil hacer un
monitoreo. Tener dos operadores es completamente ilegal. (…) La educación no
puede ser un negocio y por eso estamos haciendo denuncias públicas”,
puntualizó.
Así las cosas, le
corresponde al gobernador de Cesar actuar pronto sobre esta situación y, si es
del caso, tomar correctivos porque se trata, ni más ni menos, de la mala
utilización de los dineros sagrados de la alimentación de los niños de esa
región del país.
En conversación con
Semana.com, el gobernador de Cesar, Francisco Ovalle, aseguró que en efecto se
firmó el contrato con esta fundación después de que esta lo ganó en un proceso
licitatorio.
El mandatario señaló
que el convenio va hasta el 28 de abril y que la empresa ha manifestado no
volverse a presentar en un nuevo proceso. Según él, contra esta empresa se han
presentado quejas de padres de familia y profesores y consideran que no cuenta
con la capacidad para atender los 133.000 estudiantes del departamento.
El gobernador explicó
que nunca supo que esta empresa, antes, se llamaba Kábala y dijo que cuando
termine este contrato se hará un proceso más amplio con varios operadores que
puedan atender de manera íntegra a la población infantil.
"Se manejará el
próximo proceso con tres operadores de las tres subregiones del departamento.
Ocho municipios de cada subregión: norte, centro y sur", dijo.
Con todo, muchos
advierten en esa región que ya el daño por parte de esta fundación está hecho.
