En el comunicado se
acusa al contralor delegado, José Antonio Soto, de omitir el presunto daño
patrimonial en el que habría incurrido la ANI por los cambios de construcciones
de vías por obras de rehabilitación en un contrato de concesión.
“Los hallazgos habían
sido validados y aprobados en estricto apego al sistema de gestión de calidad
del proceso auditor esto es, con las evidencias válidas y suficientes, garantía
del debido proceso y derecho de contradicción y lo que es más sorprendente había sido aprobados por el Comité técnico de
la Delegada de Infraestructura”, señala el comunicado.
De igual forma,
mostraron su preocupación por la contratación durante seis meses que la ANI
hizo a un experto para consolidar las evidencias y fundamentar técnica y financieramente el hallazgo, y que
el contralor, de un “plumazo”, lo haya retirado.
“Tales decisiones dejan
entrever una extraña posición de algunos contralores delegados frente a la
labor de vigilancia del control fiscal y
en nada contribuye al Fortalecimiento del control fiscal por no garantizar el
rigor técnico que demanda la constitución del máximo órgano de control fiscal”,
cierra la Sinalstrase.
El organismo sindical
solicitó a la Contraloría General intervenir en el tema para que las funciones
de estos delegados se cumplan con plena idoneidad, y añadió que continuará en
su labor de seguimiento y defensa del control fiscal.
