La Contraloría General de la Nación realizó
un informe de 800 páginas que recoge 210 hallazgos sobre irregularidades en el
proceso de entrega de alimentación escolar, del total 42 son fiscales por
$12.745 millones de pesos, 206 tienen carácter disciplinario y cuatro alcance
penal.
Según la entidad “se
trata de una actuación especial al Programa de Alimentación Escolar (PAE),
ejecutado con recursos que la Nación transfiere a través del Ministerio de
Educación y lo correspondiente al 0.5% de los recursos del Sistema General de
Participaciones en los siete departamentos de la Costa: Atlántico, Bolívar,
Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre”.
Entre las conclusiones
más preocupantes se encuentran que muchos estudiantes de estas regiones no solo
reciben menores cantidades de alimentos a las contratadas, sino que están
expuestos a consumir productos descompuestos, preparados en cocinas
inapropiadas y almacenados en condiciones sanitarias deficientes.
“Incluso hay casos de
estudiantes que se ven precisados a comer en espacios improvisados, de pie o en
el piso, cuando no lo hacen en comedores escolares sin condiciones físicas,
higiénicas, sanitarias y de calidad óptimas”, señala en informe.
Aún más, no se cumple
con la minuta alimentaria que establece los componentes nutricionales diarios
que requiere cada menor beneficiado.
Así mismo, la
Contraloría evidenció la terminación de los alimentos al momento de la
prestación del servicio; esto hace que en algunos departamentos se queden
estudiantes sin comer.
Otros estipendios no
incluyen una ración nutritiva con frutas, proteínas y verduras.
En cuanto a los insumos
del Programa de Alimentación Escolar, se encontró que “no se lleva un control
de las raciones diarias entregadas, lo recibido en cada institución educativa,
ni en calidad ni en cantidad”.
Son también varias las
fallas detectadas en materia de contratación en las visitas realizadas por la
Contraloría a 143 instituciones educativas de 41 municipios de la Costa
Atlántica desde julio de 2015.
En la implementación
del programa en la Región Caribe predomina la contratación directa, en 167
contratos de 212 revisados por ese organismo.
“En los 35 casos en que
las entidades territoriales optaron por adelantar licitación pública para
seleccionar el operador del programa de alimentación escolar, se evidenció que
en el 87.9% (29), solo se presentó un oferente”, se revela en el reporte.
También se evidencian
otras irregularidades, como que no se está entregando a los estudiantes el
total de raciones contratadas por parte de los operadores del Programa de
Alimentación Escolar.
En promedio se entrega
apenas el 57%, sin embargo, están cobrando y reciben el pago correspondiente al
100%.
“Este porcentaje del
57% se obtuvo luego que la Contraloría realizó en 74 instituciones educativas
un conteo una a una de las raciones efectivamente entregadas a los niños, niñas
y jóvenes beneficiarios del programa de alimentación escolar”, indicó el reporte.
No existe control sobre
la calidad y cantidad de los víveres que se entregan en los comedores
escolares.
Se observó que no
suministran los insumos requeridos para los ciclos de menú, número de raciones
y gramaje establecidos para los diferentes grupos de edad.
En otros casos, se
entregan insumos que no están contemplados en los ciclos menú sin que exista
soporte que justifique el cambio de los mismos, o se entregan en regular o mal
estado en contra de la garantía de inocuidad y calidad que deben tener los
alimentos suministrados.
“Es deficiente la
supervisión y el control que se hace por parte de las entidades territoriales
al proceso de suministro de insumos (manipulación, conservación, transporte,
almacenamiento y entrega) por parte de los operadores del programa para la
preparación de alimentos en los restaurantes escolares”, sostiene la auditoría.
