Un concejal de Buga (Valle
del Cauca) y dos contratistas de la alcaldía de esa localidad fueron cobijados
con medida de aseguramiento por su presunta responsabilidad en la comisión de
irregularidades en un contrato con la administración.
La decisión del Juzgado
Quinto Penal Municipal con función de control de garantías afectó a Darío Cifuentes, concejal de Buga, y los
contratistas Claudia Marcela Holguín Herrera y Liliana de Fátima Zúñiga
González. Los hechos se relacionan con las supuestas irregularidades en 17
contratos para obra por un monto de 258 millones de pesos, los cuales habrían
sido entregados a través del sistema de contratación directa a fundaciones sin
ánimo de lucro entre noviembre y diciembre de 2008.
Según la Fiscalía, estas
tres personas habrían participado del ilícito generando un detrimento
patrimonial.
En las audiencias
preliminares, el fiscal del caso imputó cargos por los delitos de violación al
régimen legal de inhabilidades, contrato sin cumplimiento de los requisitos
legales y peculado por apropiación. Los procesados no aceptaron los cargos y
fueron cobijados con detención domiciliaria.