Además, cobra importancia política en momentos en que el país
retoma el debate sobre si se debe o no revivir la personería jurídica de ese
partido político, cercano a las Farc.
En un fallo hasta el momento inédito, tres magistrados agrarios acaban de
ordenar la restitución de casi 70 hectáreas de tierra que le fueron despojadas
a un militante de la Unión Patriótica (UP) en los años 90, y que ahora
regresarán a manos de su esposa y sus tres hijos.
El fallo es histórico porque es el primero que se produce en
favor de familiares de un integrante de la UP desde que entró en vigencia la
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (enero del 2012).
Además, cobra importancia política en momentos en que el país
retoma el debate sobre si se debe o no revivir la personería jurídica de ese
partido político, cercano a las Farc.
Los hechos se remontan a 1991, cuando presionado por amenazas
directas a él y a su familia, el dueño del predio, ubicado en la vereda
Servitá, cerca de Villavicencio (Meta), tuvo que venderlo.
La presión de hombres armados lo obligó a firmar una
escritura de venta por 10 millones de pesos de la época, pero nunca se los
pagaron.
Un año después de tener que entregar sus tierras a un
tercero, por cuenta del “constreñimiento ejercido”, el líder comunal de la UP
“fue bajado por dos hombres” del bus en el que se movilizaba desde
Villavicencio hacia el municipio de San Carlos de Guaroa, “sin que a la fecha
se tenga noticia alguna sobre su paradero”.