Tomado de Dinero.com
“Los directivos de allí tienen
más antecedentes penales que ejecutorias”, dice con desazón el ministro de
Agricultura, Juan Camilo Restrepo, al denunciar que el Fondo Ganadero del Meta
sigue bajo el control de un hombre que está reducido a prisión. “No ha habido
poder divino o humano capaz de conseguir que la Cámara de Comercio de
Villavicencio registre la nueva junta directiva de esa entidad”, se duele.
El Ministro no menciona
nombres propios, pero solo hace falta conocer los antecedentes más recientes de
la crisis que amenaza con la liquidación de la mayoría de los nueve fondos que
aún subsisten en el país para saber que se refiere a Hernando Coy Cruz. Este
ganadero está detenido por falsificación de documentos y otras maniobras
dolosas que lo llevaron a apoderarse de la mayoría de las acciones clase B que
representan los aportes de personas naturales y jurídicas privadas en el Fondo.
Lo cierto es que Coy y sus
aliados ya deberían estar por fuera de la junta de la Cámara de Comercio de
Villavicencio, pues así lo ordenó la Superintendencia de Sociedades al cabo de
una acción de control en la que encontró que los principales activos están
subvalorados y en riesgo de perderse y que los desgreños son pan de cada día.
Sin embargo, solo la
existencia de un poder siniestro –según funcionarios del Ministerio y de la
Superintendencia– explica por qué la Cámara de Villavicencio ha bloqueado el
cambio de inscripción de la nueva Junta y ha dejado abierta la posibilidad de
que una nueva Asamblea, prevista para el próximo 26 de julio, sea controlada
por las mismas personas que convirtieron el fondo en un feudo personal.
El adjetivo siniestro no es
exagerado a juzgar por los antecedentes. Desde 1997 obran contra Coy procesos
penales por usurpación de tierras, homicidio, hurto mayor de ganado y falsedad.
Hasta una hermana del potentado, a la que este logró que la declararan
mentalmente interdicta, lo acusa de haber enviado a su padre a la cárcel, de
ser cómplice de la muerte de su madre y de haber despojado de valiosas tierras
a otros miembros de su familia.
Su pasado y su presente
cobraron notoriedad el año pasado, cuando el presidente Juan Manuel Santos puso
en evidencia la crisis de los fondos y anunció una fuerte acción estatal para
depurarlos y salvarlos. Santos intervino, entre otras razones, porque el
torbellino que arrasa los recursos de los fondos envuelve también recursos
públicos. En el caso del Fondo del Meta, donde la participación del Estado es
de 35,42%, están a punto de perderse cerca de $70.000 millones.
¿Por qué Coy se resiste a
soltar el control del Fondo? Un negociado en ciernes hace siete años podría
explicarlo. En agosto de 2005, Bioagrícola del Llano S.A.- ESP, ofreció
comprarle al Fondo las haciendas Catama y San Isidro, dos espléndidos hatos,
que son sus últimos y más valiosos activos. Como garantía de propuesta
mercantil, la empresa consignó $392’229.375 en la cuenta número 180-593431 del
Banco Superior. Las partes acordaron que si los terrenos eran incluidos en el
POT, el Fondo reintegraría el dinero al oferente.
Cuando se produjo
efectivamente la inclusión en el POT, ya el Fondo se había gastado la plata del
depósito. Bioagrícola presentó una demanda ejecutiva y hoy el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Villavicencio está a punto de fijar fecha para rematar
los terrenos. Lo más grave del asunto es que, tanto el Ministerio de
Agricultura como la Superintendencia, han descubierto que pocos días antes de
que se pactara el fallido negocio las directivas del Fondo modificaron
artificiosamente el avalúo de los terrenos e inscribieron en libros un valor
comercial de $20 millones, cuando el Instituto Geográfico Agustín Codazzi lo
tasa en $80.000 millones.
Pero hay más. Bioagrícola,
firma que ofreció finalmente pagar $10.000 millones, tiene entre sus socios
fundadores al propio Coy. Por eso hay motivos para pensar razonablemente que el
negocio y el pleito judicial no han sido más que una simulación para que él y
sus socios puedan quedarse con los $70.000 millones de diferencia.
El Ministro de Agricultura
conmina por eso a la Cámara de Comercio de Villavicencio a no bloquear más la
inscripción de la nueva Junta Directiva del Fondo, mientras la Superintendencia
de Sociedades encuentra que solo la intervención de la entidad y sus activos
podrían evitar un costoso desafuero.
Dinero buscó a Coy para
contrastar su versión. Lo llamó hasta el domingo 15 de julio a su casa, donde
debería estar en prisión domiciliaria por orden judicial, pero uno de sus
empleados respondió: “don Hernando salió a hacer una vuelta”.