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La Procuraduría
General de la Nación destituyó e
inhabilitó por 12 años, en fallo de primera instancia, al señor Omar Enrique
Velásquez Rodríguez, en su calidad de director general administrativo del
Senado de la República, por las presuntas irregularidades presentadas en el
proceso licitatorio para la contratación del sistema de modernización y
sistematización de la Plenaria del Senado de la República.
Los hechos están relacionados con una licitación pública para
contratar la compra, adquisición, instalación, implementación y mantenimiento
de un sistema automático de software y hardware para apoyar el desarrollo de la
Plenaria del Senado de la República, en los cuales presuntamente desconoció los
principios de la contratación estatal por cuanto los pliegos de cargos
estuvieron diseñados para favorecer a la
unión temporal que resultó adjudicataria del proceso licitatorio.
El Ministerio Público
estableció que el señor Velásquez Rodríguez omitió los principios de planeación
y economía por cuanto pese a contar, en julio de 2008, con los recursos
suficientes para desarrollar el proyecto, dispuso adelantar la licitación
pública mencionada únicamente para la compra, adquisición, instalación,
implementación y mantenimiento de un sistema automático de software y hardware
para apoyar el desarrollo de la Plenaria del Senado de la República, por un
valor total de $5.520.000.000, dejando por fuera aspectos relativos a las obras
civiles y mobiliario necesarias para la modernización del recinto del Senado.
Posteriormente
suscribió dos contratos adicionales con el mismo contratista, el primero por
más de 2.600 millones de pesos y el segundo por más de 300 millones de pesos,
los cuales tienen objetos contractuales totalmente diferentes en relación con
el contrato principal, pues éstos últimos se celebraron para remodelar y
adquirir muebles, items que debieron ser incluidos en la licitación o en
consecuencia haber acudido a un proceso de selección objetiva para ese caso.
Por lo anterior, el
Órgano de Control determinó que el actual director general administrativo del
Senado de la República violó, al parecer, el principio de transparencia de la
contratación estatal, por haberse adquirido estos insumos y mobiliario
omitiendo un procedimiento de selección
objetiva que garantizara una verdadera pluralidad de oferentes, como lo es la
licitación pública.
La Procuraduría
General de la Nación advirtió que contra esta determinación disciplinaria
procede el recurso de apelación.