Una fiscalía especializada
formuló imputación de cargos contra los alcaldes de los municipios de Calamar y
Miraflores (Guaviare), por el grave daño ambiental causado a través de la
deforestación en la Amazonia.
“De acuerdo con las
verificaciones, la construcción de una vía entre los dos municipios sin los
permisos ni licencias ambientales, el paso continuo de vehículos pesados y los
asentamientos posteriores a la tala y quema de bosques, incidieron en el
deterioro del área protegida y en la afectación a las fuentes hídricas de la
región”, señaló la Fiscalía General.
El alcalde del municipio de
Calamar, Pedro Pablo Novoa Bernal, al igual que el de la población de
Miraflores, Jhonivar Cumbe, habrían facilitado el avance de las obras en un
corredor vial de 138 kilómetros y habrían sido permisivos frente a las
irregularidades que se presentaron.
De acuerdo con el Sistema
de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales (IDEAM), la deforestación se triplicó en Guaviare durante
el periodo de administración de los dos funcionarios.
Los investigadores de la
Policía Judicial, señalaron que "pasó de 11.456 hectáreas en 2015 a 34.527
hectáreas en 2018. Varios de los focos de deforestación e incendios están
relacionados con el área de influencia de la carretera ilegal”.
Ante estos hechos, un fiscal
de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos
imputó a los alcaldes de Calamar y Miraflores (Guaviare) como presuntos
responsables de los delitos de daño a los recursos naturales agravado, e
invasión de área de especial importancia ecológica agravada.
Durante la diligencia
judicial, un juez de control de garantías de San José del Guaviare accedió a la
petición de la Fiscalía y decretó como medida cautelar el cierre inmediato de
la vía, además de la prohibición del tránsito de vehículos pesados, incluidos
los de la Gobernación de Guaviare y maquinaria amarilla.
Cabe mencionar que a la
audiencia fue citada la Corporación para el Desarrollo Sostenible para el Norte
y Oriente Amazónico, en su calidad de autoridad ambiental y como víctima. Sin
embargo, los representantes de esta entidad no asistieron.
Los fiscales a cargo del
proceso enfatizaron que las labores judiciales continuarán dentro de estrategia
de investigación contra la deforestación en la Amazonia colombiana.
