Se trata de dos de los
escándalos de corrupción que serán prioridad para el nuevo Fiscal General de la
Nación.
La Fiscalía General de la Nación reportó en su más reciente
informe técnico que desde que estalló a finales del año 2016, el escándalo del
pago de sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht para buscar acceder a
mega-obras de infraestructura en el país, ya han sido judicializadas cerca de
cien personas.
En el reporte conocido por RCN Radio se señala que en
desarrollo de las más de 90 actuaciones judiciales practicadas y ejecutadas en
desarrollo de estas investigaciones, se adelantan 39 indagaciones preliminares,
se han formulado 3 imputaciones de cargos, 8 acusaciones y 5 procesos se
encuentran en etapa de juicio.
La Fiscalía también logró llegar a un acuerdo con los
implicados en el escándalo de sobornos de Odebrecht para que reintegren un
total de 24 mil millones de pesos.
De acuerdo con los investigadores el pasado 17 de enero se
hizo efectivo el primer pago por más de 6.300 millones de pesos, y se
establecieron otros dos cuotas, la última de ellas, prevista para el 31 de enero de 2020, por la cuales el
Estado colombiano recibirá el pago total de 6.5 millones de dólares.
Durante este año un juez especializado de extinción de
dominio dictó sentencia para la afectación definitiva de acciones por valor de
2 millones de dólares de la sociedad Pacific Infrastructure Venture Inc.
(PINF), que aparecen a nombre de Oil & Gas Logistic, en relación con el
proceso que se adelanta contra el exviceministro de Transporte, Gabriel Ignacio
García Morales.
Igualmente, se viene trabajando con el principio de
oportunidad otorgado por la Fiscalía a
Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha,
exdirectivos de la firma brasilera Constructora Norberto Odebrecht, implicados
en las investigaciones adelantadas por la adjudicación del contrato Ruta del
Sol II.
En relación con las
líneas de investigación, compuestas por 35 noticias criminales, son un total de
13 fiscales quienes vienen adelantando cada proceso, como producto de su larga
trayectoria en la institución.
En el caso de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez,
cuyo caso fue desarchivado por el exfiscal ad hoc porque encontró nuevas
elementos, el actual investigador está a la espera de los resultados de las
órdenes de policía judicial y del análisis de pruebas para que un fiscal
delegado ante la Corte revise y determine el curso que tomará el respectivo
proceso.
Por este caso han sido proferidas 11 condenas, una de ellas
la emitida de 11 años y siete meses de prisión contra el expresidente de
Corficolombiana, José Elías Melo, la cual se convirtió en la sentencia más alta
en Colombia hasta la fecha por el escándalo del pago de sobornos de la
multinacional brasileña Odebrecht.
Melo fue hallado responsable de los delitos de interés
indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Esto por
la entrega en diciembre de 2009 de 6,5 millones de dólares al entonces gerente
del Instituto Nacional de Concesiones (Inco), Gabriel García Morales para que
adjudicara el contrato de la Ruta del Sol II a un consorcio conformado por
Odebrecht y Corficolombiana.
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia
absolvió al exsenador Plinio Olano Becerra dentro del proceso que se le
adelantó por el escándalo de Odebrecht. El alto tribunal determinó que durante
el juicio no se pudo demostrar que el excongresista hubiera utilizado sus
cargos e influencias para beneficiar a la multinacional brasileña.
Asimismo, luego de varios aplazamientos, primero en agosto y
luego en septiembre pasado, para este martes 10 de diciembre fue fijada la
audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra los
empresarios Esteban Moreno, David Portilla y Andrés SanMiguel, quienes se
señala conocen en detalle qué ocurrió con unos aparentes contratos falsos de Odebrecht
por cerca de 4 mil millones de pesos para la campaña de reelección del
expresidente Juan Manuel Santos.
Se espera Juan Manuel Santos, rinda versión libre ante el
Consejo Nacional Electoral (CNE), entre este próximo 11 y 16 de diciembre
dentro del caso por el supuesto ingreso de dineros de Odrebrecht a la campaña
de reelección del 2014.
¿Que haría el nuevo fiscal?
Uno de los temas clave objeto de entrevista por parte de la
Corte Suprema a los tres ternados al cargo de Fiscal General fue el caso Odebrecht.
Frente al caso Odebrecht, Clara María González, secretaria
jurídica de la Presidencia de la República, manifestó el ente investigador está
en mora de resolver todo este rompecabezas judicial para procesar a todos
aquellos que tuvieron relación con este escándalo de corrupción.
"Los colombianos no hemos tenido resultados",
precisó. En este sentido indicó que no se ha tomado una sola decisión sobre la
supuesta financiación de la multinacional a las campañas presidenciales.
A su turno, Camilo Gómez Álzate, director de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y también ternado al cargo de Fiscal
general manifestó que es necesario conocer a fondo qué fue lo que ocurrió e
identificar a todas las personas que tuvieron relación con el pago de sobornos.
Considera que todos aquellos procesados que se comprometieron
a colaborar con las autoridades judiciales deben contar toda la verdad y no dar
versiones segmentadas.
A su turno, el Alto Consejero para los Derechos Humanos,
Francisco Barbosa, propuso que dos de los 13 fiscales que conocen estos proceso
deberían dedicarse en su totalidad a las investigaciones y buscar una mayor colaboración con Brasil,
ya que se trata de una investigación que necesita respuestas firmes y rápidas.
Los dineros del PAE
En otro informe la Fiscalía General reveló que a la fecha
están siendo investigados un total de 70 personas por el desvío de millonarios
recursos de los Programas de Alimentación Escolar (PAE), en el país.
Según los investigadores de policía judicial del total de
procesados 19 son servicios públicos, 24 exfuncionarios y 27 particulares.
De acuerdo con los peritos a cargo de este caso los contratos
y convenios en relación con estos programas han comprometido recursos por más
de 65 mil millones de pesos.
Los fiscales también identificaron las zonas más afectadas
por este desangre a los recursos del PAE, en el cual se destacan regiones como
la Guajira, Atlántico, Cesar, Chocó, Bogotá, Sucre, Amazonas, Magdalena, Huila
y Cauca.
Otras de las regiones más afectadas por estas actuaciones son
Valle del Cauca, Bolívar, Santander, Norte de Santander, Magdalena y Córdoba.
La Fiscalía precisó que todas estas investigaciones son
relativas a hechos sucedidos antes del 30 de junio de 2018, y la gran mayoría de los casos por episodios
ocurridos en los años 2015, 2016, 2017.
Recientemente, la Fiscalía
General de la Nación ocupó, con fines de extinción de dominio, bienes
por más de 30 mil millones de pesos a
Germán Trujillo Manrique, investigado por hechos de corrupción en el (PAE) en
Santander.
Este caso fue uno de los más sonados en atención a que se
estableció que en 2016 la Gobernación de Santander adjudicó a la Cooperativa
Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda. el suministro de alimentación
para 124.892 estudiantes de 82 municipios, por un valor total de 35.767
millones de pesos, el dinero fue desembolsado en su totalidad al contratista y
las raciones alimentarias no llegaron a las escuelas y colegios del
departamento.
Por si fuera poco, se estableció que, los contratistas
implicados presentaron facturas y cuentas de cobro por la compra de tamales por
30 millones de pesos a una empresa de grúas en Acacías (Meta) y la compra de
mercados a una empresa transportadora de Algeciras (Huila), cuya sede quedaba a
cuatro horas de camino en trocha de la cabecera municipal.
En otro de los casos más recientes, la Fiscalía descubrió en
el Atlántico otra red de corrupción de la que presuntamente hacía parte el
secretario de educación departamental, Dagoberto Barraza y otras tres personas
, que se valían del registro de niños fantasma para defraudar al estado con los
recursos del PAE.
Los investigadores detectaron graves irregularidades en la
adjudicación de un contrato por $7.500 millones para el suministro de alimentos
a alumnos de colegios públicos de 20 municipios del Atlántico, en las vigencias
2016 y 2017.
Los peritos encontraron que se falsificaron las planillas que
eran presentadas durante las interventorías para sustentar pagos millonarios y
se manipularon firmas de
los rectores.
