La
Procuraduría General de la Nación suspendió, por el término de tres meses, al
alcalde del municipio de Tierralta (Córdoba), Fabio Leonardo Otero Avilez,
dentro de la investigación disciplinaria que se adelanta en su contra en
relación con el asesinato de la líder social María de Pilar Hurtado.
Según
la Procuraduría, se presentaron varias fallas en el control de orden público
que estarían relacionadas con la invasión de unos lotes, que habrían terminado
en el homicidio de Hurtado el pasado viernes 21 de junio frente a uno de sus
hijos.
La
medida de suspensión que toma el Ministerio Público se debe a evitar algún tipo
de interferencia por parte de alcalde, en el desarrollo de la investigación.
“Ante
la eventualidad de que el mandatario despliegue acciones sobre la
administración, presuntamente encaminadas a la recuperación de uno de los
predios invadidos que sería de propiedad de su padre”, señala la Procuraduría.
Como
pruebas contra el alcalde de Tierralta están las órdenes que habría impartido
en el Consejo de Seguridad del pasado 30 de mayo, en las que habría dado
instrucciones precisas a la Policía para la recuperación del predio de su
familia.
Además,
las alertas tempranas que emitió la Defensoría del Pueblo sobre la presencia de
grupos armados en la región y las denuncias de Hurtado, sobre amenazas contra
su vida. Por este caso también es investigado el secretario de Gobierno de
Tierralta, Willington Ortiz Naranjo.
El
grupo élite liderado por la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo revisan con
lupa todas las alertas tempranas emitidas por esta última entidad, sobre la
presencia de las denominadas autodefensas gaitanistas de Colombia o
paramilitare en el departamento.
Varias
de esas alertas fueron emitidas el año pasado. Para la Defensoría del Pueblo,
las regiones más preocupantes son San José de Uré, Puerto Libertador,
Montelíbano y Tierralta.