El capitán fue detenido el 21 de junio y se había notificado
su desaparición.
La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Gobierno venezolano de
Nicolás Maduro a "investigar, juzgar y sancionar" a los responsables
de la muerte del militar detenido Rafael Acosta Arévalo.
El capitán de corbeta
Acosta Arévalo murió el sábado pasado bajo custodia de la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (Dgcm) tras haber sido arrestado acusado de
conspirar contra Maduro.
La CIDH, un órgano
autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó en un
comunicado su "alarma y preocupación" por el fallecimiento, ocurrido,
según ella, "por probables actos de tortura".
"El Estado tiene
el deber de investigar los hechos alegados de manera transparente, imparcial,
independiente y efectiva. La impunidad facilita la repetición", dijo el
relator para Venezuela de la Cidh, y uno de los siete comisionados que la
integran, Francisco Eguiguren.
El órgano había
señalado el 22 de mayo el recrudecimiento de las condiciones de detención en la
Dgcm, instando al Estado venezolano a cumplir las medidas cautelares otorgadas
en favor de los civiles y militares retenidos en ese lugar.
Este miércoles, Gustavo
Tarre, representante ante la OEA del líder opositor venezolano Juan Guaidó,
dijo que pidió a la Cidh que visite Venezuela para investigar la muerte de
Acosta Arévalo.
"El planteamiento
es que la Comisión se traslade a Venezuela para ver la situación general de
derechos humanos (...) con énfasis especial en el caso del capitán Acosta
Arévalo", dijo Tarre.
En una carta, Tarre
propuso a la Cidh que realice una visita urgente a Venezuela y establezca un
"mecanismo especial de investigación" de los "graves hechos
relacionados con las denuncias de desaparición forzosa, tortura y ejecución
arbitraria" de Acosta Arévalo.
El capitán de corbeta
fue detenido el 21 de junio y dado por desaparecido durante una semana. El 28
de junio fue presentado ante un tribunal militar en silla de ruedas, incapaz de
hablar y con señales de tortura. El juez ordenó su traslado a un hospital
militar, donde murió en las primeras horas del 29 de junio.
"El cuerpo no ha
sido devuelto a los familiares de manera que no hay forma de garantizar una
autopsia independiente. Pedimos a la CIDH que realice esta investigación para
determinar quiénes son los culpables", dijo Tarre.