La
Sala Plena del Consejo de Estado definirá en los próximos días la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho por el fallo que emitió en 2003 la
Procuraduría General en contra del general (r) Mauricio Santoyo Velasco por su
responsabilidad en seguimientos e interceptaciones ilegales cuando fungió como
director del Gaula en Medellín.
El
oficial en retiro pidió que se revise este caso teniendo en cuenta que en el
año 2006 el mismo Consejo de Estado anuló provisionalmente los efectos de dicha
sanción por lo que Santoyo continuó su carrera y pudo lograr su ascenso en el
año 2007.
El
Consejo de Estado deberá determinar si el fallo de la Procuraduría General fue
legal o no. En caso de que se determine que dicha decisión se ajustó a los
parámetros legales y constitucionales, se levantará la suspensión de la sanción
y quedará en firme la destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos.
El
general Santoyo fue sancionado por ordenarle a sus subalternos la
interceptación de casi 1.800 llamadas telefónicas con una orden judicial falsa.
Para poder acceder a los bancos de chuzadas, el oficial del Ejército indicó que
se adelantaba una investigación en contra de organizaciones criminales en
Medellín.
Sin
embargo, en el proceso disciplinario se estableció que dichas líneas
telefónicas eran de defensores de derechos humanos y líderes sociales que, en
muchos casos, habían denunciado las acciones ilegales de grupos paramilitares
con agentes de la Fuerza Pública en la ciudad.
La
información obtenida en esas ‘chuzadas’ le fue entregada a grupos
paramilitares. Este grupo armado ilegal ordenó el asesinato de Mario Calderón y
Elsa Alvarado, investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular
(Cinep) el 19 de mayo de 1997 en Medellín.
En
2012, el general Santoyo se entregó ante las autoridades de los Estados Unidos
que lo requerían por delitos relacionados con el narcotráfico y vínculos con
grupos paramilitares. Tras aceptar cargos, el exjefe de seguridad en el primer
mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez fue sentenciado a 13 años de prisión.
Tras
la firma de un acuerdo de colaboración con las autoridades de los Estados
Unidos, el oficial en retiro logró una rebaja de pena de siete años y ocho
meses de cárcel. En dicho acuerdo, Santoyo se comprometió a entregar
información sobre otros militares que tendrían vínculos con estas
organizaciones ilegales.
El
pasado 11 de marzo, el general (r) cumplió su pena y recuperó su libertad y
está a la espera del proceso de deportación a Colombia. Sin embargo, la defensa
del militar presentará un recurso con el fin que se pueda quedar en Estados
Unidos junto a su familia argumentando motivos de seguridad y protección.
El
general en retiro tiene pendientes en Colombia una serie de indagaciones entre
las que se encuentra su presunta participación en la desviación de la
investigación del crimen del periodista Jaime Garzón Forero –registrado el 13
de agosto de 1999- así su conocimiento en el plan para atentar contra Elsa
Alvarado y Mario Calderón y la desaparición de dos jóvenes en Medellín –octubre
de 2006-.
El
oficial fue señalado por varios excomandantes paramilitares (Salvatore Mancuso,
Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don
Berna’, y Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra’) de haber tenido una activa
participación en las acciones adelantadas por este grupo armado ilegal.