El
programa de fortalecimiento de la economía tradicional beneficiaría a 200
familias de esa comunidad indígena, pero aproximadamente $1000 millones fueron
desviados.
Como
parte del Plan Bolsillos de Cristal, el CTI de la Fiscalía, con apoyo del
Ejército Nacional, materializó en Riohacha (La Guajira) la orden de captura que
pesaba en contra de Javier Rojas Uriana, líder de la etnia Wayúu, por presuntos
hechos de corrupción que afectaron los recursos públicos, así como la calidad
de vida de los pobladores de la comunidad nativa.
La
investigación adelantada por un fiscal la Dirección Seccional de La Guajira
permitió evidenciar la presunta apropiación de por lo menos $1.000’000.000, de
un convenio por $2.223’000.000, celebrado entre la Asociación Shipia Wayúu
—cuyo representante es el hoy procesado— y el Incoder (Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural), entidad que aportó $1.448’000.000 del total.
El
objeto del convenio era realizar el proyecto de desarrollo rural con aplicación
de enfoque étnico diferencial a favor de 31 comunidades del pueblo Wayúu, que
integran 200 familias organizadas en la Asociación de autoridades tradicionales
indígenas Shipia Wayúu, para el fortalecimiento de la economía tradicional en
el resguardo de la alta y media Guajira. Sin embargo, además del posible desvío
de los recursos, se habrían presentado irregularidades en la ejecución y
liquidación del citado convenio.
Por
estos hechos, el ente acusador le imputó cargos a Javier Rojas Uriana por los
delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los
requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
El
juez de control de garantías de Riohacha que conoció el caso avaló los
argumentos de la Fiscalía y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario
contra el investigado.