La Fiscalía General de
la Nación apeló la medida no privativa de la libertad otorgada a siete
personas, procesadas por su supuesta participación en los desórdenes y actos de
perturbación ocurridos en 2016, 2017 y 2018, durante las jornadas de protesta
contra Ecopetrol en Acacías, Guamal y Castilla la Nueva (Meta).
Luego de dos semanas de
haberse iniciado las audiencias concentradas contra los capturados, el Juzgado
2° Penal Municipal Ambulante de Villavicencio profirió esta medida que obliga a
los implicados a presentarse ante las autoridades cada vez que sean requeridos.
Los hechos que se
investigan se relacionan con las situaciones que se habrían generado luego de
las protestas presentadas en el área de influencia de la citada petrolera y de
sus empresas filiales en las que se registraron acciones criminales en contra
de bienes y recursos del Estado, reacciones violentas contra la Fuerza Pública
y obstrucción de vías que impidieron el normal desarrollo de las actividades en
la zona. Estos actos habrían derivado en grandes perjuicios económicos para la
Nación.
En este caso, la
Fiscalía imputó cargos en contra de los posibles implicados por los delitos de
concierto para delinquir, terrorismo, violencia contra servidor público,
constreñimiento ilegal, daño en bien ajeno, violación a la libertad de trabajo,
obstrucción a vías públicas que afectan el orden público, homicidio agravado en
grado de tentativa, y fabricación, tráfico y/o porte de armas, los cuales no
fueron aceptados.
Los procesados,
aprehendidos el pasado 11 de septiembre por parte de servidores del Grupo de
Policía Judicial DECOC, fueron identificados como Sandra Patricia Ruíz Riaño,
Gustavo Carrión Neira, Flaminio Mendoza Bojacá, José Fernando Barbosa Corredor,
Doris Sánchez Sánchez, Nidia Yaneth Muñoz Amaya y Jéssica Liliana Hernández
Quevedo.