El Gobierno no logró un acuerdo con el uribismo en los puntos
polémicos de la iniciativa.
La plenaria del Senado
inició la votación de la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial de
Paz, cuyo trámite estaba frenado por cuenta de algunos reparos expresados por
la bancada del Centro Democrático.
La corporación avanzó
en la aprobación en bloque de aproximadamente 70 artículos, que corresponden a
más del 90% de la iniciativa, los cuales tienen consenso entre todas las
bancadas, incluyendo la del uribismo.
De igual forma, se
acogieron alrededor de 27 proposiciones nuevas, 24 de ellas presentadas por la
senadora Paloma Valencia, que mejoraron el proyecto y le otorga mayores garantías
a las Fuerzas Militares y a las víctimas de la violencia.
Sin embargo, no hubo
acuerdo en algunos puntos cruciales, como el sometimiento de los militares ante
la JEP y nuevas exigencias frente al punto de la extradición.
La senadora Paloma
Valencia aseguró que se deben limitar aún más las facultades de jurisdicción en
materia de extradición y prescindirla de la posibilidad de decretar pruebas.
“Que las pruebas las
practique la Corte Suprema de Justicia y que la JEP se limite a mirar los
hechos para decir si la conducta se cometió después o antes de la firma del
acuerdo de paz. Esto es fundamental para garantizar que las personas que
incumplan los acuerdos y se mantengan en delitos como el narcotráfico, no
reciban beneficios”, señaló.
Sin embargo, el
ministro del Interior, Guillermo Rivera, explicó que el acto legislativo que
dio vida a la JEP, autorizó a la práctica de pruebas para determinar la fecha
de comisión de la conducta por parte de los desmovilizados.
Explicó además que la
Jurisdicción Especial de paz debe tener funciones similares a las de la
Justicia Ordinaria.
“La Jurisdicción
Especial de Paz es una instancia judicial y no notarial, por eso no compartimos
la idea de la senadora Paloma Valencia en el sentido de que a la jurisdicción
no se le permita practicar pruebas”, indicó Rivera.
El Gobierno también
insistió en que es inconstitucional el artículo nuevo propuesto por el Centro
Democrático que congelaría la comparecencia de los militares ante la JEP,
mientras se crea una nueva sala para su juzgamiento.