A raíz de las
investigaciones que han sido priorizadas en contra de algunos funcionarios de
la Rama Judicial, la Fiscalía informó que los servidores de la justicia deben
reforzar sus esfuerzos para fortalecer la transparencia de este poder público.
Para el ente acusador,
estas investigaciones, especialmente en materia de administración de las penas,
tienen que “asegurar que los comportamientos abusivos e indecorosos que han
venido ocurriendo al interior de la Rama queden para siempre proscritos”.
Debe recordarse que
estos hechos empezaron a destaparse luego de que la Fiscalía revelara graves
hechos de corrupción en el departamento de Meta. Como se recordará, hace seis
meses, en ese departamento se evidenció que una red criminal al servicio de la delincuencia
organizada, compuesta por servidores públicos y particulares, que ofrecían
beneficios judiciales para brindar libertad provisional o definitiva, así como
detención domiciliaria.
Según el comunicado,
las indagaciones muestran la debilidad institucional en este sistema y hasta
qué punto las organizaciones criminales han logrado permearla.
También se ha logrado
establecer que otra estructura criminal ha venido ejecutando pagos de dineros a
servidores públicos de varias instituciones del Estado, como despachos
judiciales, alcaldías municipales, el Instituto Nacional de Medicina Legal y
cárceles municipales, entre otras.
“Los abogados contactan
a personas privadas de la libertad con detención en centros de reclusión de
máxima y mediana seguridad a nivel nacional para ofrecerles sus servicios
profesionales y obtener el ilícito traslado a cárceles municipales, donde
recuperan la libertad a su antojo y no
cumplen su pena en las condiciones exigidas por la justicia y por la sociedad”,
recalca el pronunciamiento.
Vale precisar que la
modalidad utilizada para efectuar este actuar delictivo consiste,
principalmente, en la presentación de:
- Acciones de tutelas con sellos de reparto
presuntamente falsos.
- Acreditaciones de vecindad ajenas a
la realidad.
- Dictámenes y cartas falsas del
Instituto Nacional de Medicina Legal, secretarios de gobierno y directores de
cárceles.
- Certificaciones de testigos
fallecidos.
Las tutelas, que no
ingresaban a través de la oficina de reparto del Centro de Servicios Judiciales
de Cali, eran conocidas directamente por el Juzgado 25 Penal Municipal con
función de control de garantías de esa ciudad.
Allí, bajo el
consentimiento del togado y en coordinación con oficinas de litigantes y
algunos dependientes judiciales, se concedía la petición de la medida
provisional, consistente en el traslado de reclusos de alto impacto criminal o
perfiles económicos elevados a cárceles municipales, tales como las de Florida,
Yotoco, Miranda y Guapi.
Delitos a imputar
La entidad destacó que
la gran mayoría de las personas privadas de la libertad favorecidas cumplen
penas o medidas por delitos de alto impacto como concierto para delinquir,
tráfico/fabricación o porte de estupefacientes, homicidios agravados y lavado
de activos, entre otros.
Así mismo, son
exintegrantes de grandes carteles, clanes del narcotráfico y estructuras
criminales.
En efecto, la
concertación de todas estas personas ha llevado a la comisión ilícita de varias
conductas como son:
- Concierto para delinquir, en concurso
con prevaricatos por acción/omisión.
- Falsedad ideológica en documento público/privado,- Fraude procesal.
Fuga de presos y cohecho.
Los investigados.
La operación denominada
“Los Tutelantes” y las actividades adelantadas por la policía judicial del
Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Cali han permitido la consecución de
material probatorio y evidencia física importante, con los que se solicitaron
ayer 24 órdenes de captura, de las cuales se han materializado hasta el momento
14.
Entre las personas
capturadas se encuentran accionantes, testigos falsos, abogados de alto
prestigio, servidores públicos de alcaldías municipales (Florida y Miranda),
personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (lnpec),
particulares y exintegrantes de carteles de narcotráfico.
Esta misma semana se
llevarán a cabo las audiencias para legalizar las capturas y formular las
respectivas imputaciones.
Los confesos
Finalmente, cabe señalar que a la fecha tanto
el Juez 25 Penal Municipal de garantías de la época, César Alpidio Blandón, y
el médico Andrés Felipe Moncayo aceptaron su responsabilidad frente a estos
hechos.
Al primero se le
formuló imputación por aproximadamente 20 tutelas prevaricadoras, tramitadas
sin asignación ni reparto, ordenando traslado de presos delincuentes de alto
perfil a cárceles municipales de baja seguridad.
El segundo ya se
encuentra condenado en otro caso por los delitos de prevaricato y falsedad
ideológica en lo concerniente a la expedición de dictámenes periciales falsos,
con el fin de obtener traslados a cárceles municipales. Dentro de la presente
investigación se le imputaron hechos similares.
Nuevas investigaciones
Estas investigaciones
sobre el sistema de administración de penas se concentran en diferentes
regiones del país y darán lugar a nuevas actuaciones en varias fases, cuyas
conclusiones, agregó el fiscal general
Néstor Humberto Martínez, se conocerán en el curso de las próximas semanas.
“No podemos permitir
que la integridad de la justicia y la eficacia de las penas queden en
entredicho por la actividad de unos pocos. A ellos les notificamos que la
justicia asumió la revisión del sistema de administración de penas y destapará
todas sus irregularidades a nivel nacional”,
concluyó el alto funcionario.
Fiscalía, Comunicado,
Ene. 31/18