En los últimos dos meses y medio, el rezago de tutelas pasó
de 48.373 a 20.039,
Bogotá, 22 de agosto de
2016. En los últimos años en la Unidad para las Víctimas se incrementaron de
manera considerable los derechos de petición y las acciones de tutelas
presentadas por las víctimas en contra de la entidad. Entre 2015 y 2016 se
recibieron 1.382.676 derechos de petición y 304.405 acciones de tutelas.
Dicho incremento generó
un rezago en las respuestas a las víctimas, con las consecuencias derivadas en
el incumplimiento de las órdenes judiciales, es decir, en la imposición de
sanciones de arresto y multa contra el cuerpo directivo de la entidad. En los
últimos cuatro años, se han generado 156 órdenes de arresto contra los
directivos de la Unidad.
Cabe anotar que cuando
se posesionó como director Alan Jara, la Unidad registraba un rezago de 48.373
tutelas. Hoy, después de dos meses y medio de trabajo, este rezago se redujo a
20.039, es decir, se registró una reducción del 59% del rezago. En el caso de
los derechos de petición, se logró durante este periodo una reducción del 5%.
Para lograr estos
resultados, se desarrolló una estrategia de trabajo que incluyó la presentación
ante la Corte Constitucional de una solicitud de suspensión de las sanciones
por desacato a tutela que permitiera atender de manera ordenada las peticiones
de las víctimas, la organización de grupos de trabajo y el manejo gerencial de
la Unidad. Tales ajustes no requirieron más personal, ni esfuerzos
presupuestales adicionales. Una estrategia a cero pesos apoyada en el trabajo
racional de los funcionarios.
“La intención es seguir
mejorando la atención y los servicios que reciben las víctimas, para que ellas
se acojan a las rutas administrativas establecidas, sin pasar por trámites
adicionales que generan costo para ellas y para el Estado”, afirmó el director
de la Unidad para las Víctimas, Alan Jara.
La Unidad para las
Víctimas proyecta que para el final del año 2016 estaría superado el 100% del
rezago de la respuesta judicial a tutelas y en más de un 50% la respuesta a los
derechos de petición.
Los resultados antes
expuestos evidencian el importante esfuerzo institucional de garantizar a las
víctimas una respuesta efectiva a sus pretensiones, y con ello, reafirmar el
compromiso con los derechos de las víctimas y de sus necesidades.