.
El procurador expidió
hoy la Directiva No. 003 del 22 de agosto de 2016 dirigido a los servidores
públicos en la que señala, con base en la decisión de la Corte Constitucional,
que no se está sometiendo a decisión del electorado el derecho a la paz sino el
“Acuerdo Final” entre el presidente Santos y el cabecilla de las FARC, alias
“Timochenko”.
El ente de control
aclaró que los funcionarios públicos no podrán utilizar recursos del Estado
bajo el pretexto de promocionar el plebiscito para un sentido u otro.
“El Estado debe
garantizar la libertad absoluta del voto, lo cual obliga a que su acción se
dirija a posibilitar una ‘decisión consciente e informada’ de los ciudadanos,
al igual que a no impedirla”, señala la directiva.
El Ministerio Público
mantendrá vigilancia preventiva sobre los servidores públicos a fin de que se
ciñan a las disposiciones y limitaciones establecidas por la Ley y la
jurisprudencia relacionada con los mecanismos de participación ciudadana.
A propósito del anuncio
del Gobierno Nacional sobre la realización de un plebiscito para la
refrendación del Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc, el procurador
General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, expidió hoy la Directiva No.
003 del 22 de agosto de 2016, en la que advirtió que los servidores públicos no
pueden adelantar actividades para respaldar el “Acuerdo Final” hasta que
legalmente, mediante decreto, se determine el día de la realización de las
votaciones como lo indica el artículo 34 de la Ley 1757 de 2015.
El jefe del Ministerio Público recordó lo
señalado por la Corte Constitucional en cuanto a que en el plebiscito no se
está sometiendo a discusión del electorado el derecho a la paz sino el “Acuerdo
Final”, por lo que el jefe del Ministerio Público llamó a las instituciones
públicas encargadas de hacer las campañas de pedagogía sobre el mecanismo del
“Acuerdo Final”, o los Acuerdos Parciales, a ser imparciales y, por tanto,
excluir expresiones, mensajes o lemas que tengan alusión “al Sí” o “al No”.
También indicó el
procurador que tal como lo precisó la Corte
“(…) las instituciones públicas no pueden realizar acciones orientadas a
confundir el derecho a la paz con el “Acuerdo Final”, único objeto del
plebiscito, sea durante la etapa previa a la campaña o durante ésta. El Estado
no puede inobservar ese derecho”.
Con respecto al libre
derecho al voto, el jefe del órgano de control estableció en la directiva que
la providencia advierte que el Gobierno tiene la obligación de “(…)
poner a disposición de la ciudadanía el contenido íntegro del Acuerdo
Final para garantizar el derecho a la información y la libertad del elector”,
con lo cual se permite una decisión consciente e informada por parte de los
ciudadanos.
Destacó que “(…) el
Estado debe garantizar la libertad absoluta del voto, lo cual lo obliga a que
su acción se dirija a posibilitar una ‘decisión consciente e informada’ de los
ciudadanos, al igual que a no impedirla”.
El Ministerio Público
recordó que la Corte no ha prohibido la participación de los servidores
públicos en las campañas que se adelanten en el marco del plebiscito, pero sí
restringió la intervención de autoridades judiciales, de control, electorales y
de seguridad, pues según la Corte se requiere que ellos “(…) conserven
estrictamente su imparcialidad, de manera que sirvan de garantes a la acción de
los ciudadanos que expresan su opinión en uno u otro sentido dentro de las
campañas al plebiscito”.
El órgano de control
indicó que los funcionarios públicos no podrán utilizar bienes del Estado ni
recursos del Tesoro Público bajo el pretexto de promocionar el plebiscito o
durante el periodo de su realización, tal como lo señala la sentencia C-379 de
2016 de la Corte Constitucional.
“La autorización a los
servidores públicos de participar en la promoción de las campañas debe
interpretarse de manera compatible con los principios que rigen la función
pública, en particular la igualdad, la moralidad y la imparcialidad”, indicó el
procurador.
Agregó que “las campañas
del plebiscito y el uso por estas en igualdad de condiciones a todos los
servidores públicos, no podrán coaccionar de modo alguno a los servidores y
contratistas para que participen en dichas campañas, expresen su opinión en uno
y otro sentido, y encuentren supeditada su permanencia en la función pública o
en la ejecución del contrato a dicha participación”.
El procurador Ordóñez
aseguró que los funcionarios del Ministerio Público ejercerán la vigilancia
preventiva necesaria sobre los servidores públicos y los particulares que
transitoriamente ejerzan funciones públicas, a fin de que se ciñan a las
disposiciones y limitaciones establecidas por las Leyes Estatutarias que
regulan los mecanismos de participación ciudadana.
Finalmente, instó a la
ciudadanía a participar activamente como veedora del desarrollo de los
mecanismos de participación durante la campaña para que en ejercicio de sus
derechos pongan en conocimiento de las autoridades, en especial de las que
ejercen el Ministerio Público, “los hechos que comprometan la conducta de los
servidores públicos, en actividades no permitidas o que impliquen la afectación
de la función pública encomendada”.