Denuncian que la Uspec
pretende prorrogarlo a pensar que la Contraloría advirtió detrimento
patrimonial.
Actualmente son 53.000
internos con casa por cárcel pero solo existen 4.400 brazaletes electrónicos
para esa población, de los cuales funciona solo la mitad. La denuncia del
Sindicato de trabajadores Unidos Penitenciarios tiene que ver con la prórroga
de ese polémico contrato que quiere firmar la Unidad de Servicios
Penitenciarios con la empresa Energía Integral Andina, un convenio que se viene
realizando desde el 2008 sin mayores soluciones al sistema de vigilancia
electrónica.
Ese contrato que costó
$19.000 millones, lo cuestionó la Contraloría General que advirtió un
detrimento patrimonial y denunció la falta de verificación de la Uspec del
servicio, la falla de dispositivos electrónicos y la obsolescencia de los
mismos. "Por eso se han presentado varios casos de fuga de presos, ellos
estando en su casa salen a delinquir, no podemos hacer un buen seguimiento y
vigilancia de los presos por la falta y daño de los brazaletes", señaló
Leonardo Jaramillo, miembros del sindicato.
Existen más de 2.000
ordenen judiciales para instalar brazaletes y pero el sindicato también
denuncia la clonación de los mismos impidiendo monitorear a los intentos por
parte del Inpec, "no se adelanta ninguna acción para mejorar el servicio,
nos hemos encontrado con brazaletes con el mismo serían, están trabajando con
equipos 'gemeliados' lo que evidencia violación de tema de impuestos",
además dicen que "los dispositivos restantes por su antigüedad y modelo
sencillamente no reportan ni funcionan bien, pero contractualmente se deben
pagar, salvo unos casos específicos que en todo momento benefician al contratista".