La CGR detectó graves
deficiencias en la estructuración y ejecución de algunos contratos de obra
celebrados en virtud de la Emergencia Carcelaria de 2013, que han llevado a que
a la fecha ninguno de ellos haya culminado, por lo cual el Contralor Edgardo
Maya Villazón ordenó realizar una Actuación Especial de Fiscalización sobre el
tema.
En los contratos de
obra suscritos en 2015 para mantenimiento, mejoramiento y conservación de la
infraestructura física general de establecimientos a nivel nacional, estos
tuvieron un anticipo del 40%, sin que se evidencie los fundamentos que tuvo la
USPEC para determinar dicho porcentaje de anticipo, pues todos los contratos
tienen diferentes valores, objetos, grados de riesgo y dificultad en la
ejecución.
Otro hallazgo tiene que
ver con la suscripción de contratos de alimentación de diferentes
establecimientos de reclusión, con proveedores sobre los cuales pesan sanciones
por incumplimiento o que aportaron documentos presuntamente falsos para cumplir
requisitos, a pesar de conocer la entidad contratista la existencia de las
irregularidades.
Como caótico calificó la Contraloría General de la República el manejo
administrativo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC,
al culminar una auditoría que permitió encontrar hallazgos por $47.399 millones
de pesos y al final de la cual se reprobó la gestión y los resultados
presentados por la entidad respecto a la vigencia fiscal 2015.
La conclusión del
organismo de control es que, a pesar del esfuerzo del Gobierno Nacional en
destinar recursos para enfrentar el Estado de Cosas Inconstitucional reiterado
por la Corte Constitucional, la USPEC no cumplió con las acciones que tiene a
cargo como responsable principal de la ejecución de los recursos destinados a
la atención de la población penitenciaria y carcelaria del país.
"El Estado
Inconstitucional de Cosas en materia carcelaria no se encuentra superado, por
cuanto las inversiones realizadas no han podido generar las condiciones mínimas
para que se cumplan los objetivos del sistema penitenciario y la metas que la
USPEC debía ejecutar no fueron materializadas, encontrando la Contraloría que
la crisis humanitaria que vive el sistema se ha agudizado por cuanto el nivel
de hacinamiento ha aumentado", señaló el Contralor General de la
República, Edgardo Maya Villazón.
En la auditoría a la
USPEC se establecieron 72 hallazgos administrativos, de los cuales 24 tienen
presunto alcance disciplinario, 3 presunta connotación penal y otros 3 posible
alcance fiscal.
Graves deficiencias contractuales
La Contraloría encontró
serias deficiencias en materia de ejecución de contratos de obra pública,
dirigidos a la creación de nuevos cupos, que impiden el recibo oportuno del
objeto de las inversiones.
Continúa pendiente la
recepción de bienes y servicios con cargo a los presupuestos de tres vigencias
(2013, 2014 y 2015) por $313.647 millones de pesos.
Son notorias las
deficiencias en materia contractual, en el tema de obra pública:
Se adjudican procesos y
se celebran contratos sin especificaciones completas, las que sufren múltiples
variaciones dentro de los plazos iniciales, lo que lleva a su vez que los
plazos pactados inicialmente se prorroguen 2 y 3 veces más, restando fundamento
a la urgencia con la que fueron suscritos, varios de ellos en razón a la
declaratoria de Emergencia Carcelaria de 2013.
Debido a las graves
deficiencias en la estructuración y ejecución de algunos de los contratos de
obra celebrados en virtud de la Emergencia Carcelaria de 2013, que han llevado
a que a la fecha ninguno de ellos haya culminado, en especial los relacionados
con la construcción de Establecimientos Penitenciarios en Buga, Tuluá, Girón,
Espinal, Ipiales e Ibagué, programados para la generación de 4.080 cupos, el Contralor Edgardo Maya Villazón ordenó la
realización de una Actuación Especial de Fiscalización.
El objetivo de esta
Actuación será verificar el avance real de las obras, el cumplimiento de los
requisitos por parte de los contratistas, el adecuado registro contable de los
recursos involucrados y en general, la adecuada gestión fiscal de los recursos
involucrados en estas obras.
En lo que respecta a
los contratos de obra suscritos en 2015, que tienen por objeto el
mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física general
de establecimientos penitenciarios y carcelarios a nivel nacional, estos
tuvieron un anticipo del 40%, sin que ni los estudios previos ni técnicos
vislumbraran los fundamentos que tuvo la USPEC para determinar dicho porcentaje
de anticipo, pues no todos los contratos tienen el mismo valor y objeto, ni
tampoco igual grado de riesgo y dificultad en la ejecución.
Muy lenta implementación del nuevo sistema de salud
Se evidenció también
una excesiva lentitud en la implementación del nuevo sistema de salud, que
agrava la condición de la población que requiere atención especializada.
Al evaluar la ejecución
del contrato de Fiducia No. 363 de 2015, suscrito para la prestación del
servicio de salud a población penitenciaria, se determinó que desde el inicio
del año 2016 y con corte a abril 30, los internos de alto costo tales como los
que padecen VIH, tuberculosis, renales, hepatitis, cáncer entre otros, no
habían recibido asistencia médica ni medicamentos, lo cual agrava su situación
clínica.
Igualmente, ni CAPRECOM
ni el Consorcio Fiduciario Fondo de Atención en Salud PPL 2015, realizaron
contratación con IPS para prestar el servicio de urgencia a los internos, pues
al momento de la visita sólo contaban con cartas de intención con los
hospitales del Estado, las cuales se encontraban vencidas o el hospital no
tenía el servicio requerido.
Otras irregularidades detectadas por la CGR
En el "Programa de
Ampliación de Establecimientos" por $131.273 millones, se desembolsaron la
totalidad de los recursos, a través de convenios interadministrativos
celebrados con la Agencia Logística, el Ejército y el INPEC, evidenciándose que
con corte a abril 30 de 2016, los convenios fueron prorrogados hasta el 2017, y
en ninguno de los componentes se ha iniciado obra de forma significativa.
Una irregularidad
detectada en esta auditoría consiste en la suscripción de contratos de
alimentación de diferentes establecimientos de reclusión, con proveedores sobre
los cuales pesan sanciones por incumplimiento o que aportaron documentos
presuntamente falsos para cumplir requisitos, a pesar de conocer la entidad
contratista la existencia de las irregularidades. Este hallazgo fue trasladado
a la Procuraduría y la Fiscalía.
Respecto al programa de
"Rehabilitación de cupos" aplicado la vigencia 2015, según
información de la USPEC, se generaron 1.912 cupos, correspondientes a
rehabilitación, como solución temporal al ostensible hacinamiento en los
establecimientos de reclusión nacional, y de acuerdo con visitas efectuadas por
la CGR a una muestra de estos establecimientos, se observa que cerca del 30% no
están siendo utilizados, debido a falta de seguridad, deficiencias técnicas y
de servicios públicos y falta de áreas para resocialización, entre otras
causas.