Las Comisiones Primeras
conjuntas de Senado y Cámara comenzarán a discutir el proyecto de ley que crea
la Comisión de Aforados en reemplazo de la Comisión de Acusación, para la
investigación de los altos funcionarios del Estado.
RCN Radio conoció la
ponencia para primer debate de la iniciativa que plantea como uno de los
cambios principales la posibilidad de que los magistrados y el fiscal general
de la Nación puedan ser objeto de detenciones preventivas en desarrollo de los
procesos penales que se les pueda adelantar.
Los ponentes afirman en
la exposición de motivos que “resulta injustificado que estos aforados queden
ser exceptuados de la eventual práctica de una medida de detención preventiva
antes de la acusación en las mismas circunstancias que contempla el Código de
Procedimiento Penal –artículo 308 Ley 906 de 2004- para cualquier otra persona
investigada por la comisión de una conducta punible”.
Consideran que los
jueces de la República tienen, por Constitución, la posibilidad de decretar una
privación de la libertad cuando consideren que un imputado o procesado pueda
obstruir el ejercicio de la justicia.
Es por esto que
proponen: “En el marco de la investigación formal, la Comisión de Aforados
podrá solicitar al Juez de Control de Garantías la imposición de una o varias
medidas cautelares o de aseguramiento a las que haya lugar, de conformidad con
lo dispuesto por en la legislación procesal penal”.
De igual forma, en la
ponencia se establece que la Comisión de Aforados podría pedir la suspensión
provisional del funcionario aforado, cuando su investigación esté en etapa
formal.
“Respecto al término de
la suspensión en el cargo, los ponentes proponemos que esta sanción preventiva
sea de tres (3) meses prorrogable hasta en otro tanto. Sin embargo, cuando se
apruebe esta medida por parte de la Autoridad competente en la etapa de
juzgamiento o consulta, la efectividad de la medida solo irá hasta cuando
acaben estas etapas procesales”, señalan.
La Comisión de Aforados
conocerá de procesos penales, disciplinarios y fiscales contra los altos
funcionarios del Estado. Los procesos penales irán directamente con acusación
ante la Corte Suprema de Justicia, mientras que los disciplinarios y fiscales
tendrán juicio de indignidad política ante las plenarias de Senado y Cámara.
