De: Marcela Osorio Granados
El investigador del Centro de Memoria Histórica hace una radiografía de la organización ilegal y llama la atención sobre la necesidad de entender la dimensión de los grupos neoparamilitares en el contexto actual del país.
Cinco personas muertas,
bloqueos en 36 municipios de ocho departamentos y un mar de dudas y temores
dejó el paro armado decretado esta semana por el denominado clan Úsuga, que
logró demostrar, en tan sólo dos días, el alcance de sus redes y la
consolidación de un poder que se viene gestando desde hace varios años. Álvaro
Villarraga Sarmiento, director de la Fundación Cultura Democrática e
investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica, hace una radiografía del
grupo criminal y explica por qué los Úsuga no pueden entrar en la categoría de
bandas criminales.
¿Cuánta influencia tiene el clan Úsuga actualmente en el
país?
El grupo que a sí mismo
se ha denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que popularmente tiene
desde hace varios años el reconocimiento en muchas regiones como Urabeños y que
ahora se hace llamar clan Úsuga, tiene un potencial muy alto en la actualidad.
Tras años de disputas con herederos de antiguos dominios paramilitares, en
especial con los Rastrojos, logró una hegemonía clara. Es un grupo de poder,
una mixtura entre lo ilegal y lo legal, no puede subestimarse y no puede
entenderse como un simple fenómeno delincuencial. Es una delincuencia de un
potencial tal que guarda nexos y herencias de alianzas en lo político, de
ciertos niveles de incidencia en redes sociales, económicas y con posibilidades
de ejercer niveles de control, incluso político, con aliados en ámbitos locales
y regionales.
¿Por qué se presentan como Autodefensas Gaitanistas?
Los Úsuga tienen una
línea directa como proveniencia del paramilitarismo, y eso es muy conocido. Se
trata de grupos que permanecieron y que, en el caso de ellos, se reactivaron
teniendo como eje el Atrato, Urabá y el sur de Córdoba. Luego se expandieron
hacia la región Caribe y el andén del Pacífico e incursionaron en el Catatumbo,
llegando incluso a partes del Magdalena Medio y el Llano. Eso demuestra que no se
trata de un fenómeno reducido al bandidaje delincuencial, sino que desafía el
poder institucional, lo coopta, lo penetra y lo pone a su servicio.
¿Hay un cálculo aproximado de cuántos hombres hacen parte de la
organización?
Cualquier cifra que se
diga es una aproximación, por el mismo carácter ilegal y el tipo de actuación
del grupo. En el informe que publicamos en el Centro de Memoria Histórica a
finales de 2015, viendo varios estimativos de fuentes oficiales y de
organizaciones que hacen seguimiento a este tipo de agrupaciones, veíamos que
aproximadamente puede tener unos 6.000 efectivos. Con una particularidad: su
actuación no es como la de las guerrillas, con grupos permanentes, uniformados
o dedicados, por ejemplo, a acciones subversivas de la guerra. Sin descartar
con ello el hecho de que mantengan en algunas subregiones agrupaciones armadas
con cierto potencial militar. Aquí se trata más bien de redes complejas,
encubiertas, de asociaciones y contrataciones de servicios integradas por
sicarios y bandas locales y regionales que dominan determinados enclaves, como
el caso de cultivos ilícitos, el procesamiento y transporte de cocaína, así
como otras economías legales. Penetran mucho, por ejemplo, el mototaxismo.
Usted habla de relaciones con economías legales y de nexos
con la institucionalidad. ¿Existe también connivencia de la Fuerza Pública?
Hubo un cambio
significativo del anterior paramilitarismo a lo que hay ahora. Ya no estamos
hablando de los niveles nacionales de permisividad, colaboración o no actuación
de la Fuerza Pública que se presentaban en los años 90 y hasta las
desmovilizaciones de las Auc. Este tipo de grupos mantienen niveles de
alianzas, corrupción o intimidación con autoridades, sobre todo en el ámbito
regional y local. Sin embargo, hay casos de agentes locales que establecen
compromisos con este tipo de grupos.
Hay quienes dicen que, en el paro armado, los Úsuga dejaron
ver un discurso con tintes políticos...
De alguna manera, en
este llamado paro armado, en los panfletos que circularon y en los
pronunciamientos, hay una clara intencionalidad por parte del grupo. Pareciera
que están tratando de mandar un mensaje de reconocimiento político. Llaman la
atención frases en las que hacen referencia a compartir el proceso y la dinámica
de paz que se da en el país y argumentan, en sus panfletos, que cumplirían las
condiciones de control territorial, capacidad de actuación militar y de tener
un mando responsable. También llama la atención que son argumentos en los que
ellos buscan —a la luz del derecho internacional humanitario— una especie de
reconocimiento como grupo armado del conflicto y de allí un reconocimiento
político. Yo no comparto ese reconocimiento al estilo de las guerrillas. No son
grupos de carácter político, como lo son las insurgencias de las Farc y el Eln.
Estos grupos son expresión de economías ilegales, sectores emergentes y
alianzas desde la ilegalidad, desde el lucro y el atesoramiento y la
expropiación violenta de recursos y bienes a través de ataques sistemáticos.
Entonces, ¿cuál debe ser la estrategia: combatir o negociar?
El Gobierno tiene la
necesidad y la oportunidad ahora de revisar su estrategia de combate frente a
este tipo de agrupaciones, y está en la obligación de recuperar el control
territorial, combatir las economías ilegales y emplearse en una lucha a fondo
contra su presencia, que no es desestimable y que en buen grado mantiene nichos
de poder que han sido en las últimas dos o tres décadas tradición de rezagos
paramilitares. Esto no excluye el que puedan darse algunos manejos tendientes,
por ejemplo, al sometimiento a la justicia. Pero lo cierto es que la estrategia
militar utilizada hasta el momento, de persecución directa, ha sido
insuficiente y defectuosa, porque no hay un entendimiento de las dimensiones
del fenómeno.
Porque vale la pena señalar que los Úsuga son tan sólo una
parte del problema...
Exacto. El asunto de
fondo es que el fenómeno paramilitar no ha sido cabalmente superado y estamos
en una fase de paramilitarismo más degradado que, aunque debilitado en ciertos
aspectos, lamentablemente sigue vigente en distintos niveles. Aunque se ha
acuñado en los medios y se ha popularizado el uso del concepto “bacrim”, se
trata de un término equivocado por cuanto reduce el tema a un fenómeno solamente
delincuencial. Estos grupos que permanecen resultan ser, en los últimos años,
los principales responsables de las violaciones de derechos humanos. Están
cometiendo más de 600 violaciones e infracciones por año, de manera que no es
un factor desestimable. Además, si bien ya no estamos en el pico de los 90 en
masacres, preocupa mucho que algunas violaciones no descendieron e incluso
algunas han ascendido bajo la vigencia de estos nuevos grupos rearmados. Por
ejemplo, el desplazamiento forzado: la tendencia no es al descenso y mantiene
volúmenes altísimos, cercanos a los 300.000 desplazados anuales.
¿Existe una relación
directa entre la consolidación de estos grupos y las recientes denuncias de
atentados y amenazas contra líderes de movimientos políticos de izquierda y
defensores de derechos humanos?
Hay que ser claros en
una cosa: la doctrina de la Seguridad Nacional está vigente en el país. Es la
doctrina de enemigo interno y de atacar personas civiles —llámense hoy Marcha
Patriótica, Congreso de los Pueblos o reclamantes—, porque se consideran de alguna
manera afines o relacionados con la insurgencia. Quisiéramos que no, pero
lamentablemente eso sigue teniendo expresión. Por ejemplo, las amenazas se han
incrementado. Lo ocurrido en los últimos meses es que, lamentablemente, al
ritmo del proceso de paz vuelven a aparecer asesinatos con claro sentido
político de líderes civiles, activistas políticos y personas cercanas al
proceso de paz. Es grave para el país que Marcha Patriótica esté diciendo que
tiene ya 120 víctimas. También hay muertos del Congreso de los Pueblos, de
reclamantes de tierras, de mujeres y de defensores de derechos humanos.
¿Se puede hablar entonces de nexos de estas organizaciones
con grupos políticos?
Muchos estudios
académicos, informes de ONG y aproximaciones al tema encuentran que estas
expresiones derivadas del fenómeno paramilitar sin duda alguna guardan mucho
nexo con la llamada parapolítica y, aunque hay menor volumen y altos niveles de
deslegitimación, no puede desconocerse que todavía, en administraciones locales
y en ciertas instancias de Estado, hay presencia de capitales de narcotráfico,
de economías ilegales o de economías legales instrumentalizadas por esa serie
de fracciones políticas y sociales que entremezclan intereses. No nos digamos
mentiras, aún eligen gobernadores y alcaldes, aún controlan y crean fracciones
políticas. No son suicientes las acciones judiciales. Hay herederos directos,
esposas, hijos, familiares de personas que están presas y han sido condenadas.
Estamos en esa realidad.
Retos del Gobierno tras la firma de los acuerdos
¿Cuál es el principal
riesgo que representan estas nuevas estructuras de cara a un escenario de
posconflicto tras la firma de la paz con las guerrillas de las Farc y el Eln?
Si se logra el desarme
de las guerrillas y los procesos de paz llegan a buen término, el Gobierno
tendrá un reto grandísimo. El Estado no puede darse el lujo de fracasar
institucionalmente como en los pasados procesos, cuando fue incapaz de
recuperar los territorios. Ahora está absolutamente obligado a recuperarlos y
no desde el punto de vista de la guerra, sino desde la vigencia del Estado
constitucional, con la presencia garantista del Estado, cortándoles el paso a
las economías ilegales con políticas sociales y efectivas de sustitución de
cultivos. Son tareas de alta magnitud, pero ahí estará el corazón de los
procesos de paz. No queremos a los amnistiados del pacto de paz de las Farc y
el Eln con la misma ruta que tuvieron los del M-19 y el Epl, que tuvieron que
salir en masa de las regiones porque los estaban matando y desplazando. Eso no
puede pasar esta vez, hay que brindar garantías, ante todo, a las propias
comunidades, al tejido social y a la población amnistiada.
La misma matriz de los acuerdos de paz ya da un marco de
compromisos de Estado para hacer viable esta situación.
Cifras.
339 municipios del país
tienen presencia de grupos armados ilegales posdesmovilización, según cifras
del Centro Nacional de Memoria Histórica.
119 de esos municipios
tienen presencia del denominado clan Úsuga, 76 de los Rastrojos y 39 de las
Águilas Negras.
