Firma Nave Ltda. no da
razón de 11 blindados de los 166 que el Senado dice haberle entregado. Las autoridades creen que detrás de los
remates que el Senado viene aplicando para dar de baja los carros hay oscuras
maniobras de funcionarios y particulares.
Las autoridades ya no
tienen duda de que detrás de los remates que el Senado viene aplicando para dar
de baja los carros de esa corporación hay oscuras maniobras de funcionarios y
de particulares.
Lo que hasta ahora se
ha encontrado en las investigaciones indica que el carro caleta inmovilizado hace
13 días, cuando transportaba 614 millones de pesos en efectivo mientras lo
conducía Luis Javier Rojas –hijo de la jefa financiera del Senado–, es solo uno
de los que alguien sacó de los lotes que se iban a rematar.
Reporteros de EL TIEMPO
establecieron que hay 11 carros más en similares condiciones, que ruedan por el
país sin que aún se sepa en manos de quién están.
Todos, sin excepción,
tienen blindaje, y aunque en el acta 1025 de noviembre del 2014 el Senado
asegura habérselos entregado a la firma Nave Ltda., para su remate, no aparecen
en las listas oficiales de carros subastados. Esos 11 vehículos fueron
identificados con las placas BWS 164, OBD 446, BWS 186, BWN 471, ZOG 133, BWN
483, ZOG 513, BMU 083, BWN 481, BLT 680 y CYU 235.
El descuadre de carros
fue detectado por la Superintendencia de Vigilancia tras cotejar el listado de
166 vehículos que el Senado asegura haber dado de baja con los que la empresa
Nave Ltda., representada por el político guajiro Nazareno Conrado Moreno, dice
haber vendido.
“Se desconoce el
movimiento que realizó la comercializadora Nave con dicho lote”, advierte un
dictamen de la ‘Súper’ a pesar de que esta firma le aseguró que tan solo
recibió 155 vehículos para rematar.
(También: Los 'padrinos' de directiva del Senado salpicada
por dinero incautado)
Y aunque en las
oficinas administrativas del Senado afirman que el descuadre podría obedecer a
un monumental desorden administrativo, ajeno a cualquier acto de corrupción,
senadores aseguraron a fuentes del Gobierno que pidieron que se indague si los
vehículos que no aparecen eran una especie de comisión que cobraban
funcionarios de la entidad y hasta senadores, como se rumora por los pasillos
del Congreso.
Y aunque, desde 2015,
la Superintendencia de Vigilancia ordenó que 96 carros del Senado –incluidos los
11 del descuadre– fueran inmovilizados, por no tener permiso para rodar con el
blindaje, hasta ahora ninguno ha sido localizado por la Policía de Tránsito.
Sin embargo, EL TIEMPO buscó en bases de datos oficiales y localizó varios de
ellos rodando por Medellín, Bogotá, Codazzi y Valledupar (Cesar), Zulia (Norte
de Santander), Maicao (Guajira) y hasta por Facatativá.
Uno de esos carros, el
identificado con matrícula BWN 481, ha sido visto en Chía y en Bogotá. De
hecho, ha sido multado cinco veces después de que el Senado dijo habérselo
entregado a Nave Ltda.
Las multas del
automotor, modelo 2006, ascienden a 1’898.885 pesos, y una de ellas fue pagada
por el Senado. Dos más están en cobro coactivo. Estas últimas le fueron
impuestas a una persona identificada como Víctor Eduardo Marín Rodríguez, quien
lo conducía.
(Además: Las pistas de EE. UU. sobre narcos detrás del carro
caleta del Senado)
EL TIEMPO también
localizó en Maicao (La Guajira) otro de los carros buscados por la Policía. Se
trata de la camioneta identificada con la placa ZIU 086, la cual ha sido
multada once veces, y en cinco ocasiones el Senado ha pagado. Tres de esas
multas fueron impuestas mientras conducía el carro Yoel Blanchar Plata. Este
diario intentó comunicarse con él, a quien identifican como funcionario, pero
no fue posible.
Otro de los carros que
está siendo buscados es el BWN 483. Este fue multado, a finales del 2014, por
estacionar en sitio prohibido en la calle 114A con carrera 47A, localidad de
Suba.
EL TIEMPO llamó a
Nazareno Conrado para que explicara el desfase de carros, pero no quiso hablar
del tema, por consejo de sus abogados, según dijo. En cualquier caso, tendrá
que aclararle a la Fiscalía las irregularidades detectadas.
Por ejemplo, por qué
tres de sus intermediarios –Servicios Integrados Automotriz Ltda., Partes y
Suministros y Luis Alfredo Roncancio Torres– traspasaron 30 carros del Senado
sin que hasta ahora se encuentren los soportes de dichos negocios. Y por qué
aparecen tres carros blindados rematados dos veces.
De jabón a blindados
Además, llama la
atención que Nave Ltda. era inicialmente una comercializadora de jabón, papel
higiénico y desinfectante. Y si bien en el 2006 amplió su objeto a la
comercialización de carros, solo en marzo del 2014 –cuando ya había recibido
los del Senado para su remate– aparece como enajenadora de bienes muebles,
automotores y maquinaria por subasta. Y Partes y Suministros, uno de los
intermediarios de Nazareno Conrado, funciona en una casa de familia del barrio
Versalles de Cali, según la Supervigilancia.
Por ahora, el Senado ha
estado hermético en el manejo de la información y la única medida que ha tomado
ha sido la suspensión de Magdalena Morera, su directora financiera y madre de
Luis Javier Rojas, quien conducía el carro caleta. Al respecto, madre e hijo
insisten en que los 614 millones encontrados son legales y no tienen nexos con
bandas, como se investiga.
Géchem: ‘No tienen por qué vincularme a los actos de los
Rojas Morera’
Aunque la suspendida
jefe financiera del Senado, Magdalena Morera, le aseguró al ‘Diario del Huila’
que fue gracias al exsenador Jorge Eduardo Géchem Turbay que se le impuso la
Orden del Congreso de Colombia en el grado de caballero, el político huilense
lo niega.
En carta a este diario,
Géchem dijo que no fue él quien determinó las condecoraciones y que estas se
produjeron en julio del 2014 y no hace ocho meses, como se dijo. “A la fecha,
la señora Morera no tenía ningún señalamiento”, anotó Géchem, y agregó que el
entonces senador Carlos Barriga, vicepresidente del Senado, destacó en ese acto
el profesionalismo y ética de la funcionaria.
El exparlamentario
huilense también enfatizó en que no fue él quien recomendó a Luis Javier Rojas
para el puesto que este ocupaba en la unidad de trabajo legislativo del
representante a la Cámara por el Guaviare Alexánder García. “Yo no consigo
puestos”, señaló, y añadió que el propio García reveló que quien le había
recomendado al joven –hoy con detención domiciliaria– fue el padre de este, el
también político del Huila Luis Javier Rojas Alarcón.
Sobre su relación
política con el representante García –también mencionado en el escándalo–,
Géchem aseguró que ‘la U’, en la que los dos militan, respaldó a varios
senadores en el Guaviare y que él siempre ha obtenido votación en esa región,
aunque en el 2014 fue una de las más bajas.
Al respecto, el
representante García ha dicho que para esas elecciones, él apoyó como fórmula a
Géchem, quien no salió electo.
Finalmente, Géchem
Turbay aseguró que si bien Luis Javier Rojas Morera sí asistió a la celebración
de su más reciente cumpleaños, no pronunció discurso, lo que es contrario a la
declaración de amigos de Géchem a EL TIEMPO. “No hay lugar a que, por ser
coterráneo, amigo y copartidario de la familia Rojas Morera, me deban vincular
a sus actos y posibles infracciones”, puntualizó en su carta.
Por su parte, Constanza
Turbay Cote –pariente de Géchem– dijo que su familia ya no tiene influencia
política en el país y rechazó el “‘sórdido” calificativo de clan para un grupo
que fue inmolado “por fuerzas oscuras del Caquetá y de las Farc”, tal como lo
han demostrado investigaciones judiciales.
