El procurador general de la Nación, Alejandro
Ordóñez, le respondió al presidente Juan Manuel Santos sobre una supuesta
sobrelimitación de sus funciones, argumentando que "no requiere que el
Gobierno le conceda o reconozca ninguna facultad o derecho para cumplir con su
deber legal".
Lo anterior luego que
el Presidente manifestara su molestia por la presentación ante la Fiscalía de
la Corte Penal Internacional de un expediente que advertía de la existencia de
2.760 personas desaparecidas en el país, lo que calificó como un 'loby' en
otros países contra el proceso de paz.
Mediante un comunicado,
el Procurador le manifestó al Presidente que "la Procuraduría está
obligada por la Constitución a defender el ordenamiento jurídico y los derechos
humanos".
"Es contradictorio
que el Presidente de la República diga que no habrá impunidad en el proceso de
paz con las Farc, pero al mismo tiempo reclame porque se presenten a la Corte
Penal Internacional crímenes atroces perpetrados por ese grupo, como la
desaparición forzada", agrega el documento.
Ordóñez resaltó que la
Procuraduría continuará cumpliendo su función con total autonomía e
independencia del Gobierno Nacional y en el marco de las competencias fijadas
en la Constitución y la Ley".
Este es el comunicado de la Procuraduría
1. La Procuraduría es
un órgano de control independiente y autónomo por mandato de la Constitución.
Las atribuciones de la
Procuraduría están fijadas en el ordenamiento jurídico y para ejercerlas no
necesita autorización del Presidente de la República.
La Procuraduría no
requiere que el Gobierno le conceda o reconozca ninguna facultad o derecho para
cumplir con su deber legal. Pretender dicha autorización del Gobierno es
quebrantar la Constitución.
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2. El Presidente Juan
Manuel Santos manifestó inconformidad porque la Procuraduría presentó ante la
Fiscalía de la Corte Penal Internacional un expediente con 2760 personas
desaparecidas. Se trata de un crimen de lesa humanidad respecto del cual se
deben respetar los derechos de las víctimas y no puede haber impunidad.
Se recuerda al Presidente
de la República que la Procuraduría está obligada por la Constitución a
defender el ordenamiento jurídico y los derechos humanos. Teniendo eso en
cuenta, resalta que el Estatuto de Roma se incorporó al ordenamiento jurídico
colombiano, como jurisdicción complementaria, a través de la ley 742 de 2002, y
en los términos de las sentencias C 578 de 2002 y C 290 de 2012.
Es contradictorio que
el Presidente de la República diga que no habrá impunidad en el proceso de paz
con las FARC, pero al mismo tiempo reclame porque se presenten a la Corte Penal
Internacional crímenes atroces perpetrados por ese grupo, como la desaparición
forzada.
La competencia de esa
Corte solo se activa si hay impunidad. ¿Entonces, por qué se preocupa el
Presidente? Debería estar tranquilo si en realidad está comprometido con penas
de cárcel para los perpetradores.
3. Igual sucede frente
a las obligaciones internacionales del Estado colombiano.
El Estado tiene
obligaciones en la lucha contra los crímenes transnacionales, por ejemplo, en
materia de narcotráfico y extradición.
Está obligado también a
respetar y garantizar los derechos humanos, conforme a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
A la Procuraduría le
corresponde velar porque tales obligaciones internacionales se cumplan, sin
importar la opinión del Gobierno Nacional.
4. Una cosa es la
política internacional, responsabilidad del Gobierno Nacional, y otra las
obligaciones internacionales del Estado que se derivan de instrumentos
internacionales, en armonía con la Constitución y la ley colombiana. Es sobre
el ámbito de estas últimas que la Procuraduría tiene competencia, con el fin de
asegurar la vigencia del orden jurídico.
5. La Procuraduría
continuará cumpliendo su función con total autonomía e independencia del
Gobierno Nacional y en el marco de las competencias fijadas en la Constitución
y la Ley.
