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A 3 se elevó el número de fallos que acumula en su contra la
ex rectora de la Universidad de Los Llanos (Unillanos), ISLENA PÉREZ DE PARRADO, por presuntas irregularidades cometidas
durante el ejercicio del cargo, cuando desvinculó indebidamente a 3
funcionarios de esa institución, que posteriormente fueron reintegrados al alma
mater condenada a pagar los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir desde el momento que fueron desvinculados hasta que volvieron a
trabajar.
Los fallos por las acciones de nulidad y restablecimiento del
derecho fueron instaurados ante los despachos judiciales favoreciendo en su
momento a Alirio González Ayal (Fallo de 2010) y a Alba Aurora Colina (Fallo de
2011).
El caso más reciente fue el de Ginna Patricia Pedraza Romero,
quien había sido desvinculada del cargo de operario calificado mediante
resolución 0078 del 28 de enero de 2002 (hace 11 años y 4 meses).
El Tribunal Contencioso Administrativo del Meta en fallo de
segunda instancia confirmó en todas sus partes la sentencia proferida el 4 de
Junio de 2010 por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Villavicencio, por medio del cual declaró
la nulidad de la resolución 078 de enero 28 de 2002 que declaró insubsistente a
Ginna Patricia Pedraza Romero.
De acuerdo con estos 3 casos acumulados que ocasionaron
millonarios pagos a la institución de educación superior, sus directivos
demandaron a la exrectora y actual integrante del Consejo Superior de la
Unillanos, por eso se iniciaron 2 procesos por acción de repetición y se espera
el tercero.
Dentro del mismo proceso que reintegró a Alirio González Ayal
en el año 2010, también están vinculados y con apertura de acción de repetición
los exrectores, Miguel Eduardo Villarreal Torres, Saúl Guayacán Gutiérrez,
Guillermo Ochoa Pedraza, Eduardo Castillo González, Rodrigo Arenas Granada,
Luis Fernando Corredor Páez y Guillermo León Rey Ruíz.
Se conoció que está pendiente la apertura de otra acción de
repetición contra el ex rector de la Universidad de los Llanos, Jairo Iván
Frías Carreño, por un fallo similar de 2012 donde se ordenó reintegrar a un
funcionario que había sido desvinculado supuestamente de manera indebida, a
quien también le fueron cancelados los salarios y prestaciones sociales dejados
de percibir desde el momento en que lo sacaron hasta cuando volvió a trabajar.