De portafolio.
El pago de regalías e impuestos es el centro del debate
minero.
Mientras el sector señala que hay poco margen de maniobra, la
Contraloría está preocupada por el nivel de recursos para combatir la minería
ilegal, que genera graves efectos económicos y sociales.
El reciente estudio contratado por la Contraloría General de
la República, titulado “Minería en Colombia: Fundamentos para superar el modelo
extractivista”, ha incrementado el debate sobre si la carga tributaria efectiva
que paga el sector minero es la adecuada, y si un aumento en la misma puede
terminar espantando a los inversionistas.
Claudia Jiménez, directora del Sector de Minería a Gran
Escala (Sgme) recalca que se debe hacer un análisis técnico de una base
tarifaria que tenga en cuenta aspectos como el ciclo de precios de los metales
y minerales y su volatilidad, que hasta el 2011 estuvieron históricamente
altos, pero cuyas cotizaciones evidencian que obedecen a un patrón cíclico y
que es difícil pensar que seguirán subiendo indefinidamente.
“Por lo anterior, no es responsable tomar una decisión que
afecta directamente la estructura de costos de las empresas, como la de la
carga tributaria, en una coyuntura determinada”, indicó Jiménez.
Agrega que el negocio minero es de largo plazo, toda vez que
las inversiones de los últimos tres o cuatro años fueron decididas hace 10
años.
Y si bien el Centro de Estudios del Cobre de Chile (Cesco),
estima una inversión cercana a los 250.000 millones de dólares al 2020 en
América Latina (equivalente al 26 por ciento de la inversión mundial en el
sector), Jiménez advierte que Colombia no es un país minero ni tiene un boom,
sino que apenas vive una expectativa de crecimiento del sector.
LAS CONTRIBUCIONES
Entre el 2000 y el 2010 la contribución fiscal del sector
minero superó los 23 billones de pesos, de los cuales 9,3 billones
correspondieron a impuesto de renta. En giros por regalías el pago llegó a 11,3
billones de pesos, entre el 2000 y el 2012.
Las cuentas del sector en materia de pago de impuesto de
renta para el 2010 coinciden con las del estudio contratado por la Contraloría,
en 900.000 millones de pesos.
PREOCUPA FALTA DE PRESUPUESTO PARA COMBATIR LA ILEGALIDAD
En los últimos tres años, el Gobierno sólo ha destinado $
2.800 millones para combatir la minería ilegal.
La contralora Delegada para Minas, Ana María Silva, reveló
que representantes de tres mineras grandes y la Asociación Nacional de
Empresarios (Andi) ya contactaron al ente de control para discutir los temas
del documento del consultor Luis Jorge Garay.
Según la funcionaria, la entidad está mirando que en las
políticas del Gobierno exista un equilibrio y que no se descuide el medio
ambiente, asunto que es su mayor preocupación, no solo por la de gran escala,
sino por la pequeña minería y la extracción ilícita de minerales.
“Esa locomotora no debe desconocer los impactos ambientales
que se puedan generar y que los beneficios que se están generando tengan una
verdadera compensación frente al daño ecológico”, indicó.
Sin embargo, el tema que más le preocupa a la Contraloría es
la minería ilegal, porque en los últimos tres años el Gobierno sólo ha
destinado 2.800 millones de pesos para combatirla, cifra irrisoria frente a los
impactos ambientales, sociales y económicos.
“Hay un problema de Estado bien complicado y los actores no
se han sentado a ver qué van a hacer para combatirlo, o por lo menos para que
las operaciones tengan algún resultado positivo”, señaló.