La Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, anunció que se
firmará un Decreto en acuerdo con los ministerios de Salud y Hacienda, con el
fin de mejorar la prestación de los servicios de salud para la población
reclusa en el país.
Durante un debate de control político en la Comisión Séptima
del Senado sobre la situación carcelaria nacional, la ministra señaló que el
acuerdo consiste en modificar el Decreto 2777 de 2010, según el cual la
prestación de servicios de salud para los reclusos debe ser contratada con una
entidad pública del orden nacional.
"En los últimos meses hemos estado concertando un
documento concreto entre los ministerios de Hacienda, Salud y Justicia a través
del cual se hace una modificación seria del servicio de salud en los centros de
reclusión para los internos. Ese Decreto será firmado hoy", indicó la jefa
de la cartera de justicia.
El nuevo Decreto establece la nueva forma de la prestación
del servicio de salud que libera la contratación con Caprecom y que permite
contratar con una EPS pública o privada, "y que parte del supuesto de que
para el pago a la EPS que preste el servicio habrá una UPC diferencial dada la
alta tasa de uso por parte de los internos del servicio de salud lo cual hace
más costoso el sistema", indicó la Ministra Correa.
De igual manera, la alta funcionaria señaló que lo que sigue
es definir cuál será la entidad prestadora de estos servicios y los montos
fiscales destinados para tal fin. Para ello, la autoridad competente definirá
en un plazo de cuatro meses una UPC (Unidad de Pago por Capitación) superior a
la del régimen subsidiado de manera que responda a las condiciones particulares
de dicha población, acorde con el riesgo y el costo de la atención en salud.
La Ministra indicó además que simultáneamente se está
adelantando la adecuación de 47 unidades de servicios sanitarios y destacó las
medidas que se están adoptando para reducir los índices de superpoblación y
para descongestionar los despachos judiciales, de manera que los jueces puedan
dar un trámite rápido a las solicitudes de excarcelación de los internos que
cumplan con las condiciones para tal fin.