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miércoles, 11 de abril de 2012

PROCURADOR NO TENDRÍA FACULTADES PARA INVESTIGAR A LOS CONGRESISTAS

Quedó lista la ponencia del proyecto de Reforma a la Justicia que será radicado en la Comisión Primera de Senado para el inicio de su quinto debate en la Comisión Primera.
Los ponentes plantearon quitarle las funciones al Procurador General de la Nación para investigar y disciplinar a los congresistas, que son los que lo eligen en ese cargo.
Según el artículo 24 del proyecto, entre las funciones que tendrá será “ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular excepto los congresistas, de los miembros de la Sala de Gobierno del Consejo Superior de la Judicatura cuando la Constitución y la Ley no asignen dicha competencia a otra autoridad”.
Los congresistas también buscan evitar que puedan ser investigados tras las denuncias de anónimos, además de que quieren interponer la doble instancia en los procesos que tengan que enfrentar ante el Consejo de Estado y que la pérdida de investidura no sea la única sanción, sino que también haya la posibilidad de una suspensión no mayor a 6 meses.
La ponencia también propone un nuevo artículo que faculta a la Contraloría para investigar de manera exclusiva a los aforados constitucionales, excepto al presidente y al vicepresidente de la República.
“El control fiscal sobre los aforados constitucionales será ejercido por la Contraloría General de la República. Lo anterior no se aplicará al Presidente de la República o a quien haga sus veces, al Vicepresidente de la República y a los magistrados de la Corte Constitucional”, dice la modificación en la ponencia.
Esto para los congresistas solucionaría casos como el conflicto de competencias que se generó entre la Comisión de Acusación y la Contraloría para la investigación del “Carrusel de Pensiones”.
Se propone que los congresistas y demás funcionarios aforados no puedan ser capturados con previa orden de la Corte Suprema de Justicia, hasta que no haya una condena en primera instancia en su contra.
La ponencia también plantea que se eliminará la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y se conformará una Sala de Gobierno que estará conformada por administradores y no por magistrados.

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