El Gobierno deberá presentar un informe sobre las decisiones de fondo tras la declaratoria de estado de cosas inconstitucionales.
La Sala Civil del Tribunal Superior de
La Guajira citó a audiencia pública al presidente de la República, Iván Duque y
gran parte de su gabinete ministerial dentro del seguimiento que se adelanta a
la sentencia T-302 de 2017 que declaró el estado de cosas inconstitucionales en
relación al goce de los derechos fundamentales a la salud, agua potable,
alimentación y seguridad alimentaria de los niños y niñas wayúu en diferentes
municipios.
En la citación, firmada
por el magistrado Jhon Rusberth Noreña, se manifiesta que se busca establecer
si el Gobierno ha cumplido con lo ordenado por la Corte Constitucional para la
protección de estos derechos en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y
Uribía. La diligencia judicial se adelantará el próximo 6 de diciembre.
El alto tribunal habría
ordenado tomar medidas eficaces y de fondo para solucionar la grave crisis que
se presentaba en el departamento en relación con la falta de acceso a agua
potable, y falencias en los servicios de salud y alimentación, situación que
ponía en riesgo la calidad de vida de los niños y niñas del pueblo wayúu.
En dicha diligencia, el
jefe de Estado, los ministros, representantes de Instituciones del Estado y
mandatarios locales deberán presentar un informe frente a las acciones
adelantadas para cumplir dicho fallo.
Los documentos que se
presenten en esta audiencia serán trasladados a la Corte Constitucional para
que, de ser necesario, tome nuevas decisiones de fondo para el total
cumplimiento de este fallo.
La Sala también convocó
a los ministros del Interior; Nancy Patricia Gutiérrez; Salud, Juan Pablo
Uribe; Hacienda, Alberto Carrasquilla; Vivienda, Jonathan Malagón; Educación,
María Victoria Angulo; Transporte, Ángela María Orozco; y Ambiente; Ricardo
Lozano.
Igualmente fueron
convocados los representantes del Instituto Nacional de Vías, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); Prosperidad Social; Procuraduría,
Fiscalía y Contraloría General, Superintendencia de Salud, Unidad para la
Gestión de Riesgo, Defensoría del Pueblo, Agencia Nacional de Contratación
Pública, Departamento Administrativo de Estadística (Dane), Agencia Nacional de
Contratación Pública y Departamento Nacional de Planeación.
Con el fin de
corroborar su total cumplimiento deberán hacer presencia la Asociación de
Autoridades Indígenas Wayuu Shipia Wayuu, el representante legal de la
Asociación de Jefes Familiares de la Zona Norte de la Alta Guajira y el
ciudadano Elson Rafael Rodrigo Rodríguez Beltrán, cuya tutela motivó el fallo
de la Corte Constitucional.
El pasado 9 de
noviembre, el Ministerio del Interior anunció una hoja de ruta con el fin de
atender y cumplir los lineamientos de este fallo.