El exgobernador de San
Andrés, Ronald Housin Jaller firmó un preacuerdo con la Fiscalía General en el
que aceptó su responsabilidad en los hechos de corupción que desangraron a la
isla.
Housin reconoció haber
celebrado de manera indebida millonarios contratos durante los pocos años que
estuvo en la Gobernación de San Andrés.
La Corte Suprema de
Justicia avaló el preacuerdo que se firmó y lo sentenció a 181 meses de prisión
(15 años) por su responsabilidad en un delito de concierto para delinquir
agravado, coautor de seis delitos de interés indebido e la celebración de
contratos, coautor de un delito de contrato sin cumplimiento de requisitos
legales y coautor de siete cohechos propios en concurso homogéneo y peculado
por apropiación.
El alto tribunal le
ordenó el pago de una multa de 1.200 millones de pesos que tendrán que ser
cancelados a la Nación.
El exgobernador aceptó
que en el 2015 se concertó con otras personas para “cometer delitos contra la
administración pública”. El pacto era que una vez elegido como Gobernador
adjudicaría y adicionaría contratos a dedo a los contratistas Hernán Moreno
Pérez, Fernando León Diez y Mauricio Botero, a cambio de recibir el 10% del
valor de cada contrato para compartirlo con su hermano Jack Housni Jaller.
Dice la sentencia que,
durante el segundo semestre de 2015, los contratistas le entregaron 1.200
millones de pesos para gastos de su campaña política.
Una vez en la
Gobernación de San Andrés, Housin empezó a cumplir y suscribió irregularmente
los siguientes contratos:
Adición de 14 de marzo
de 2017 por $9679224.315,20 al contrato de obra 1190 de 2016. Colegio Flowers
Hill; Adición de 12 de septiembre de 2016 por $6.703'480.150 al contrato de
obra 1205 de 2013. Colegio Bolivariano; Adiciones de 20 de septiembre de 2016
por $1899682.500; de 14 de marzo de 2017 por $329775.684; y de 31 de octubre de
2017 por $249653.250, para un total de $247'111.440.80, al contrato de
interventoría 1217 de 2013.
También se lee la
adición de 13 de octubre de 2017 por $14.5219755.911 al contrato 1341 de 28 de
octubre de 2014 construcción Megacolegio CEMED; Adición de 19 de octubre de
2017 por $5159062.233 al contrato de interventoría Megacolegio CEMED 1405 de 21
de noviembre de 2014 y Adición de 18 de septiembre de 2017 por
$3.8699039.122.38 al contrato de obra 1524 de 30 de diciembre de 2014
Construcción SIES.
La Corte comprobó que
la adición de esos contratos fue autorizada en cumplimiento del acuerdo que se
venía de la Gobernación anterior por lo que “puede afirmarse que las mismas
estuvieron determinadas por un interés particular a favor propio y de terceros,
distinto al bien común”.
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El exgobernador también
será condenado por celebrar más de tres contratos a través de convenios
administrativos, con fundaciones y otros contratistas para fines muy
particulares como la prestación de servicios de vigilancia en la administración
departamental; para la prestación de los servicios de salud, de consulta médica
teleasistida.
El fallo habla de otros
contratos para prestar el servicio de apoyo logístico para la realización de
eventos y para desarrollar una plataforma interactiva de indicadores de
competitividad de los sectores productivos: turismo, agrícola y pesquero del
Archipié1ago para la toma de decisiones, entre otros.