Los bienes afectados
alcanzarían los 60 mil millones de pesos.
Dos lujosos moteles en
Medellín, una finca exclusiva en Santa Fe de Antioquia y otros inmuebles fueron
afectados con medidas cautelares de extinción del derecho de dominio. En los
lugares, según las autoridades, se permitió que una red de proxenetas explotara
sexualmente a menores de edad.
Los bienes afectados
alcanzarían los 60 mil millones de pesos y fueron ocupados en diligencias
adelantadas por la Fiscalía y la Dijín de la Policía Nacional.
Entre los inmuebles
sobresale una lujosa finca en Santa Fe de Antioquia y los moteles Thematic
Luxury y Punto Cero en Medellín, en este último establecimiento fue encontrada
una adolescente de 17 años de edad.
La investigación inició
tras la denuncia del rector de un colegio en Itagüí, quien informó sobre la
existencia de una red de proxenetas que habría contactado a varias estudiantes
para ofrecerles dinero a cambio de sostener relaciones sexuales con hombres
mayores, en su mayoría extranjeros.
En el curso de las
investigaciones se constató la existencia de un grupo de WhatsApp utilizado por
los señalados delincuentes para mantener contacto con las niñas y adolescentes
que accedían a sus pretensiones y darles instrucciones sobre los lugares a los
que debían llegar.
Varios testimonios
recopilados en las indagaciones indicaron que muchas de las víctimas habrían
recibido cédulas falsas para poder ingresar a establecimientos comerciales
nocturnos en Medellín.
Gracias al trabajo de
un agente encubierto, la interceptación de comunicaciones telefónicas y otras
técnicas de policía judicial fueron identificados los bienes frecuentados por
la red de proxenetas.
Por ejemplo, fue
ubicada una finca en Santa Fe de Antioquia que, presuntamente, era alquilada
para fiestas ofrecidas por un extranjero de doble nacionalidad (coreana y
estadounidense), que viajaba constantemente a Colombia y pagaba por servicios
sexuales con menores de edad.
Las diligencias con
fines de extinción del derecho de dominio continúan en la capital antioqueña y
municipios cercanos. Por ahora los bienes ocupados quedarán a disposición de la
Sociedad de Activos Especiales (SAE).