Empresas de Turquía y Panamá estarían vinculadas a los hechos de corrupción.
El Departamento del
Tesoro de Estados Unidos aseguró que funcionarios venezolanos utilizan el
programa de comida subsidiada, conocido como Clap, para lavar activos que
supuestamente habrían obtenido a través de corrupción.
En una alerta enviada a
entidades financieras, la oficina del Tesoro dedicada a crímenes financieros
indicó que funcionarios venezolanos "y sus redes" se lucran del Clap
"a través de esquemas de malversación y manipulación de precios que
involucran lavado de activos comercial y compañías fachada y fantasma".
Según Estados Unidos,
estos funcionarios venezolanos han incrementado su riqueza y patrimonio
"estableciendo relaciones con personas que utilizan sus compañías fantasma
para obtener dinero de los contratos comerciales y la actividad empresarial
facilitada por el programa" mediante un complejo sistema.
Estas personas se
apoyan en entidades en el extranjero ubicadas en Turquía, Panamá, Hong Kong o
México, entre otros sitios.
De acuerdo con el
Tesoro, el lavado de activos comercial es el primer método utilizado por altos
funcionarios venezolanos corruptos, sus socios y sus familias para "evadir
sanciones y facilitar el movimiento y lavado de beneficios provenientes de la
corrupción, fraude y malversación, también para desviar la financiación pública
del Clap, a sus cuentas privadas".
El subsecretario del
Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker, dijo en un
comunicado que su departamento está alertando a las instituciones financieras
de que el Gobierno de Nicolás Maduro "usa sofisticados sistemas, incluido
el desvío de ayuda humanitaria, para evadir sanciones y mantener su control del
poder".
"La comunidad
financiera internacional debe estar alerta para prevenir su utilización por
parte de miembros del régimen y sus facilitadores, incluyendo compañías fachada
e instituciones financieras extranjeras que siguen apuntalando" el
Gobierno, añadió.
El programa Clap,
ligado a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, entrega alimentos
importados a bajo coste cada mes a más de seis millones de personas, según el
Gobierno.
La oposición, por su
lado, ha denunciado un sobrecoste millonario en los contratos de importación de
los alimentos para el Clap.