VERGÜENZA EN LA JUSTICIA

El espectáculo que tiene como protagonista al magistrado Jorge Pretelt no deja de alarmar al país. El daño a la Justicia es irreparable. Vergüenza. Esa es la palabra que podría definir el lamentable episodio que tiene desde hace varias semanas como protagonista principal al expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt. Desde que estalló el escándalo el pasado 2 de marzo por los presuntos pagos a ese magistrado para supuestamente favorecer una tutela, varios ministros, toda la Rama Judicial y la opinión pública le han solicitado en todas las formas posibles que, en un acto de dignidad, el polémico magistrado renuncie para no continuar lesionando la ya de por sí débil credibilidad de la Justicia. Hasta el viernes pasado se anticipaba que Pretelt tenía que renunciar. Al escándalo de Fidupetrol se sumó el hecho de que prácticamente no ha pasado un solo día de los del último mes en donde no le aparezcan nuevos y graves señalamientos. La semana pasada fueron revelados unos correos y unas grabaciones en donde podría quedar comprometido en tráfico de influencias, entre otros delitos. No menos grave resultó, como algo extraordinario en la historia reciente del país, que sus propios compañeros decidieron el miércoles anterior cancelar una sesión de la Corte Constitucional a la espera de una renuncia que le han pedido en no menos de cinco oportunidades. Viernes negro Sin embargo, en medio de la expectativa de su renuncia, todo cambió a primera hora del viernes y la tormenta, en que se había convertido el escándalo, pasó a convertirse en un huracán de grandes proporciones. Hacia las 6:30 de la mañana de ese día se conoció un comunicado de la Fiscalía en que se anunciaba la apertura de una investigación contra la esposa del magistrado Pretelt, Martha Ligia Patrón, quien es funcionaria de la Procuraduría. De acuerdo con los fiscales, la determinación se tomó debido a que la Dirección Nacional de Justicia Transicional solicitó ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín la imposición de medidas cautelares sobre dos fincas en Córdoba. Según el ente investigador, esos predios, que adquirieron el magistrado Pretelt y su esposa entre el 2002 y el 2003, estarían involucrados en casos de desplazamiento forzado. La Fiscalía anunció que las pesquisas buscan determinar si la pareja cometió delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado, destrucción y apropiación de bienes indebidos. De ser así, se trataría de delitos considerados de guerra y de lesa humanidad. El anuncio de ver acusada a su esposa de delitos de esa gravedad despertó la indignación y la ira de Pretelt, quien pasó a la ofensiva durante una extensa entrevista en W Radio. “No voy a renunciar a la Corte Constitucional. Si me voy nos vamos todos”. Con esta lapidaria frase Pretelt le comunicó al país que no abandonaría su cargo y pasó a aplicar la estrategia según la cual la mejor defensa es el ataque. Comenzó por insistir en su inocencia en el caso Fidupetrol, y reconoció y pidió perdón por algunos episodios en los que ha salido mencionado en los últimos días. Aceptó que recibió abogados en su despacho de magistrado, que recomendó a funcionarios para ser nombrados en cargos en la Rama Judicial y que era amigo de personajes que han salido salpicados en el escándalo como el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil y el exfiscal Guillermo Mendoza. Después sorprendió con lo que dijo. “Denuncio ante el país y ante los organismos internacionales al fiscal Montealegre por el acorralamiento contra mí y mi familia, por no renunciar a la corte, corporación que se quiere tomar comprando la conciencia de los magistrados” afirmó en la W. “Ni Montealegre, ni sus investigadores, ni nadie han encontrado algo que me comprometa en la supuesta exigencia de 500 millones de pesos a la firma Fidupetrol para favorecerla en una tutela contra la Gobernación de Casanare”, continuó en la entrevista en donde se le escuchaba descontrolado y con la voz alterada. La andanada de Pretelt contra Montealegre fue más allá y en sus acusaciones señaló que le tiene “miedo” al fiscal y por eso no permitirá que le ponga “un pelo encima a su familia”. Anunció que su esposa y sus hijos saldrán “mañana mismo del país” para librarse de lo que él catalogó como una persecución de Montealegre y un “matoneo” por parte de este y dos ministros, con el fin de sacarlo para quedarse con ese cupo en la corte para el gobierno. También denunció que el fiscal lo citó en varias oportunidades a su apartamento para hablar del tema del proceso de paz. En esas reuniones, según Pretelt, el jefe del ente investigador trató de convencerlo de que era conveniente que en el Marco Jurídico para la Paz quedara consagrada la posibilidad de que los guerrilleros no pagarán un solo día de cárcel. El magistrado recordó igualmente que Montealegre contrató y recibió 100 millones de pesos como asesor legal de Fidupetrol, y que ese tema lo trabajó con la ahora magistrada de la Corte Constitucional Gloria Ortiz, “a quien él impuso a la corte”. También afirmó que el fiscal compraba conciencias en la corte. “Le nombró un hermano al magistrado Gabriel Eduardo Mendoza en el tribunal en Barranquilla como fiscal delegado. Le nombró a Jorge Iván Palacio, a su hermano como director administrativo en la regional de Antioquia y otro como director regional. El magistrado Luis Ernesto Vargas también le dio su dosis, en el sentido de que habría obtenido puestos en la Fiscalía y en la Contraloría donde se aprovechó de la presidencia de la corte para lagartear en los organismos de control”. Con la voz descompuesta no dudó en atacar a sus compañeros en la corte. “Lo que quieren hacer los magistrados es lavarse las manos y hacer creer que todo el problema de la Justicia se acaba retirando a Jorge Pretelt. A los despachos de todos los magistrados llegan todo el tiempo los abogados que tienen negocios ahí, eso no es un delito, pero sí me lo endilgan a mí”, aseguró Pretelt. Tras las explosivas declaraciones los magistrados de la Corte Constitucional decidieron hacer una sala extraordinaria para analizar el tema. Una de las primeras determinaciones fue convocar a todos los poderes públicos para buscar una salida a la crisis. Los magistrados propusieron una reunión de urgencia encabezada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos; el procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado; el fiscal general, Eduardo Montealegre, y el presidente del Senado, José David Name. La otra determinación no menos complicada que adoptaron los magistrados en la tarde del viernes fue la de no sesionar hasta que Pretelt renuncie, con lo cual aumentó una crisis que no es fácil determinar dónde terminará. Lo único que quedó claro del ventilador de Pretelt es que sus denuncias pueden ser lo más grave que le ha sucedido a la Justicia colombiana en mucho tiempo. A él, paradójicamente, no le hizo daño. La indignación de prácticamente toda Colombia en su contra había sido tan grande que ya más bajo no podía caer. Sus dos horas al micrófono en la W, aunque no convencieron a muchos de que era inocente, sí dejaron claro que había algo de manguala en su contra y que la crisis de la justicia iba mucho más allá de Jorge Pretelt. Los argumentos del magistrado acusado básicamente son los siguientes: La denuncia de que pidió 500 millones de pesos se basaba solamente en un chisme, pues él ni seleccionó la tutela de ese caso, ni habló nunca sobre el tema con Mauricio González y su voto fue en contra de los intereses de Fidupetrol. En cuanto a las reuniones de magistrados con representantes de partes interesadas, reconoció que él lo había hecho pero agregó que eso lo hacían todos sus colegas y que se había convertido en algo común en la vida de los magistrados de las cortes. Y en cuanto a las roscas burocráticas que se han formado entre allegados de los magistrados con puestos en los organismos de control, también confirmó que recomendar gente era el pan de cada día en Colombia y que nadie podía tirar la primera piedra. Donde falla la defensa de Pretelt es en su teoría de que es víctima de una conspiración. Sus argumentos de que lo quieren sacar de la Corte Constitucional por sus posiciones ideológicas de derecha no tienen ni pies ni cabeza. Ha dejado entender que su oposición al matrimonio o a la adopción gay o al aborto puede tener algo que ver. En la W dijo que como él es partidario de cárcel para los guerrilleros, Montealegre quería sacarlo para asegurar la impunidad de los mismos. También insinuó que el gobierno a través de Juan Fernando Cristo estaba detrás del golpe en su contra. Todos esos argumentos sirven para la galería, particularmente la uribista, pero no son ciertos. Aunque en las denuncias del magistrado de la semana pasada no hay mucho de nuevo, sí sirvieron para poner sobre la mesa una descarnada descripción de cómo está funcionando la Justicia en el país. Y al igual que sucedió con las chuzadas, aunque esas prácticas fueran comunes la tolerancia sobre las mismas llega a su límite cuando se pueden probar. Y qué más prueba puede haber que un magistrado denuncie a otro de pedir plata y que este a su turno denuncie a todos sus colegas de clientelismo y tráfico de influencias. Pero si la Corte Constitucional quedó muy mal parada por todo ese episodio, la Fiscalía tampoco salió muy bien librada. La acusación a la esposa de Pretelt de despojo de tierras, por predios adquiridos hace casi 15 años, suena por decir lo menos extemporánea. Y el calificativo de que la compra de esas tierras constituye un delito de lesa humanidad, con penas de cárcel hasta de 50 años, fue interpretado como un golpe bajo para presionar la renuncia del magistrado. Lo grave de todo lo anterior es que en la antesala de la firma del fin del conflicto la credibilidad en la Justicia es más importante que en cualquier momento anterior reciente. Se vienen múltiples decisiones sobre la incorporación de los guerrilleros a la vida civil que requieren consensos nacionales. Si estas tienen que ser avaladas por las instituciones actuales no habrá consenso posible. La supervivencia del proceso de paz depende en buena medida de la renovación de la Justicia.