La Fiscalía General
reveló que a la fecha han sido incautados por parte de los agentes de policía
judicial un total de 84 mil millones de pesos en bienes y 37 procesos penales
de extinción de dominio contra varios políticos, y ex funcionarios investigados
por el carrusel de la contratación.
Así se desprende del
más reciente informe de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia
que investiga este escándalo por el cual aparecen un total de 103 personas
vinculadas, 98 investigaciones en curso, 41 imputaciones, 23 medidas de
aseguramiento y 20 condenas.
De igual forma, los
jueces de la República han impuesto multas económicas por alrededor de cinco
mil millones de pesos a varios de los condenados por las graves irregularidades
en contratación en el Distrito.
El polémico contratista
Emilio Tapia, es uno de los implicados en el cartel de la contratación a quien
más se le han embargado bienes producto de los procesos de extinción de dominio
con un total de 24 bienes valorados en 40.633 millones de pesos.
Según el informe de la
Fiscalía, las propiedades embargadas a Tapia son “seis inmuebles, 12 sociedades
comerciales, productos financieros y más de 2.700 millones de pesos, producto
del embargo de las cuentas de la empresa Temach. Los predios que fueron
sometidos a este proceso están ubicados tres en Bogotá, dos en Sahagún
(Córdoba) y un lote en Tabio (Cundinamarca)”.
De acuerdo con la
Fiscalía, se trata de bienes que el excontratista Emilio José Tapia Aldana, un
testaferro suyo llamado Carlos Augusto Joly y su más cercano grupo familiar
vieron afectados por un proceso de extinción de dominio, tras establecerse que
no poseían la capacidad económica para adquirir los predios que figuran a su
nombre.
Asimismo, en desarrollo
de estos procesos de persecución de bienes, también se decretaron medidas
cautelares de embargo secuestro sobre cuatro concejales y cinco exconcejales de
Bogotá sobre bienes por más de 20 mil millones de pesos.
De acuerdo con la
Fiscalía, las propiedades afectadas con el embargo, pertenecen a cinco
concejales activos: Fernando López Guitierrez, de Cambio Radical; Ómar Mejía
Báez, del Partido Conservador; Javier Manuel Palacio Mejía, del Partido de la
"U", y Julio César Acosta Acosta, de Cambio Radical.
Esta determinación de
la Fiscalía también involucra a los exconcejales de la capital del país, José
Fernando Rojas Rodríguez, Rafael Alberto Escrucería Lorsa, Jorge Ernesto
Salamanca, Édgar Alfonso Torrado García, Orlando Parada Díaz.
En su momento el
vicefiscal general, Jorge Perdomo, explicó que en el caso de los concejales y
exconcejales investigados de 21 bienes inmuebles, entre casas apartamentos y
fincas; 24 vehículos; 10 establecimientos de comercio y 32 productos
financieros, entre cuentas bancarias, de ahorros y corrientes.
"Los bienes que
han sido embargados ascienden a un valor de 19 mil 229 millones de pesos, según
avaluó catastral, es decir que seguramente su valor comercial supera los 20 mil
millones de pesos", indicó Perdomo.
