Cada día se destapan más casos de pactos secretos entre
grandes empresas que aumentan los precios y restringen la competencia, en
detrimento de los consumidores. ¿Cómo detener estas alianzas perversas?
La Superintendencia de Industria y Comercio abrió pliego de
cargos contra presuntos carteles en la venta de cuadernos, papel higiénico y
pañales. En el caso del arroz tiene una investigación por presuntas influencias
de precios por parte de varios molineros
La Superintendencia de Industria y Comercio abrió pliego de cargos
contra presuntos carteles en la venta de cuadernos, papel higiénico y pañales.
En el caso del arroz tiene una investigación por presuntas influencias de
precios por parte de varios molineros
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El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe
Robledo, dice que la delación es un instrumento efectivo para frenar las
prácticas que restringen la libre competencia. Las ligas y asociaciones de
consumidores luchan porque las empresas involucradas en los presuntos carteles
indemnicen a los afectados por las prácticas irregulares. En ello trabaja Juana
Barco, representante de Defendemos, la Liga de Consumidores de Bogotá, y Ariel
Armel, presidente de la Confederación Colombiana de Consumidores. El ex
superintendente José Miguel de la Calle y el exdelegado para la Competencia,
Pablo Márquez, impusieron más de 20 multas por cartelización y prácticas que
restringían la libre competencia .56
Los carteles están saliendo del clóset. O los están
sacando, mejor, porque la revelación de prácticas empresariales prohibidas no
es una decisión de las compañías, sino de las entidades de vigilancia. Pero si
algún hilo conductor tiene este destape en varios continentes, es la
indignación que genera entre la ciudadanía. Al fin y al cabo, las alianzas
constituidas para aumentar precios –y los ingresos de los productores–
perjudican a los consumidores y asfixian a pequeñas y medianas empresas.
Desde hace varios años las investigaciones de la Superintendencia
de Industria y Comercio (SIC) en Colombia pusieron en la picota pública a
compañías nacionales y extranjeras, muchas de ellas de gran tradición y
reputación en el país que, al parecer, se habrían cartelizado (ponerse de
acuerdo para eliminar la competencia y manipular la oferta para hacer subir los
precios). Las denuncias que mayor rechazo han despertado son los presuntos
carteles de pañales, papel higiénico y cuadernos por ser productos de consumo
masivo, que afectan más a las personas de menores recursos. A ellos se suma una
investigación a la industria arrocera por influir en la fijación de precios.
También están en la mira otras investigaciones, entre ellas
las del azúcar, en las que están implicados 12 ingenios; las del cemento, en el
que están Argos, Cémex y Holcim; las subastas ganaderas y las empresas de
vigilancia. La SIC advirtió que dará a conocer en los próximos meses otros
presuntos carteles y alista un proyecto de ley para incrementar drásticamente
las multas. Las ligas de consumidores tampoco están quietas e interpusieron
acciones de grupo para lograr indemnizaciones y el Congreso alista debates
sobre el tema.
Pero ahora, lo que muchos se preguntan es si Colombia es
más proclive que otros países a la proliferación de carteles privados. Hay
quienes, como el superintendente Pablo Felipe Robledo, rechazan esta
apreciación y dicen que los comerciantes y empresarios colombianos son, por
regla general, cumplidores de la ley. Pero algunos empresarios como Rafael
Mejía –presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC)– reconocen
que la cartelización se facilita en el agro porque las cadenas productivas
están mal diseñadas. Hay muchos productores (campesinos) que no definen los
precios y que deben someterse a lo que les paguen los compradores, que son
pocos y poderosos. Eso ocurre en la comercialización de leche o arroz.
Lo cierto es que la cartelización es un fenómeno mundial
que se castiga con rigor en los países desarrollados, y que lleva décadas: los
primeros carteles privados datan de comienzos del siglo pasado. El Departamento
de Justicia de Estados Unidos y la Comisión Europea han dado golpes
contundentes en los últimos meses. Francia, por ejemplo, impuso en las últimas
semanas multas cercanas a 1.200 millones de euros a los carteles de cosméticos,
productos de aseo y yogur.
Un informe de la revista The Economist señala que dos
terceras partes de los carteles están en sectores en los que las cuatro
principales industrias tienen el 75 por ciento o más del mercado. Su duración, en
promedio, es de cinco años, pero algunos permanecen por décadas. Las formas más
usadas para frenar la libre competencia son los acuerdos de precios, el abuso
de la posición dominante y los pactos para disminuir la calidad de un producto.
Los dientes de la SIC
El debate sobre la cartelización en Colombia cobró mayor
altura con la expedición de la Ley de Competencia, en 2009, que le dio dientes
más fuertes a la SIC, al aumentarle el presupuesto y el personal. Pero lo más
importante fue el incremento de las multas, que pasaron de 1.000 millones a
64.000 millones de pesos para las empresas involucradas, y de 100 millones a
1.200 millones de pesos para los directivos y representantes.
Pablo Márquez, quien fue delegado para la Competencia de la
SIC, señala que durante la administración de José Miguel de la Calle como
superintendente, la entidad impuso más de 20 multas por carteles y otras
actuaciones contra la libre competencia, que al valor de hoy superarían el
billón de pesos. Entre las más destacadas están las investigaciones a 15
empresas promotoras de salud (EPS) por posibles acuerdos de precios, al Grupo
Nule por dos contratos de alimentación con el ICBF, y a empresas de Julio
Gómez, entre otros.
Si bien las multas son más altas que en el pasado, la SIC
alista un proyecto de ley que presentará en los próximos días al Congreso para
aumentar la capacidad sancionatoria. Según el actual superintendente Pablo
Felipe Robledo, la intención es traer a Colombia el modelo de los países más
desarrollados que consiste en cobrar porcentajes sobre las utilidades, las
ventas, los ingresos operacionales o el patrimonio. Lo que se busca es que las
sanciones sean proporcionales al perjuicio que ocasionan y al tamaño de las
empresas.
En las naciones europeas las multas equivalen al 10 por
ciento de los ingresos operacionales de las compañías, un tema que la SIC está
mirando con atención.
Sin duda, este proyecto despertará una gran polémica en un
país donde hay sectores a los que no les gusta que les pisen callos. Pero la SIC
cuenta con el respaldo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (Ocde) que recomendó un sistema alternativo, en el que la entidad
pueda imponer sanciones que equivalgan al 10 o 20 por ciento de los ingresos de
las empresas, cuando la utilidad obtenida supere la máxima multa de 64.000
millones.
Y es que según el informe de The Economist, la
proliferación de carteles se debe, en gran parte, a que las multas no son lo
suficientemente disuasivas porque son mayores las ganancias que obtienen las
empresas cartelizadas con estas prácticas. La revista cita un estudio sobre 75
carteles en el que se demostró que estos subieron los precios de los productos
20 por ciento. Esto es el doble de las multas que pagaron.
El ex superintendente De la Calle respalda el incremento en
las multas porque cree que es la manera más adecuada para disuadir a los
empresarios de hacer pactos de precios. “Si las multas son bajas, los
empresarios correrán el riesgo de cartelizarse para obtener mayores ganancias”,
afirma.
Ojo con los delatores
Pero si el tema de las multas es importante para
desmantelar estos acuerdos privados, también lo es la política de delación, que
se está convirtiendo en el verdadero talón de Aquiles de los infractores. Esta
medida permite que las empresas que hacen parte de un cartel obtengan
beneficios y queden exoneradas de multas, si denuncian a los otros integrantes
del pacto. El beneficio no cobija a los que hayan propiciado su creación.
“La delación es el instrumento más efectivo que tienen las
autoridades serias de protección a la libre competencia. Todos estos carteles
que han sido sancionados recientemente en los países europeos tienen empresas
delatoras”, dice Robledo. En los países desarrollados ha sido muy efectiva –50
naciones la tienen en marcha–. De hecho, los carteles de las salchichas, en
Alemania o el bancario, que manipuló la tasa líbor, para mencionar solo
algunos, fueron descubiertos gracias a los delatores. En Colombia, de los ocho
presuntos carteles que investiga la SIC, cinco cuentan con delatores.
Sin embargo, la delación no ha estado exenta de
cuestionamientos. El principal es que se favorezca a las grandes empresas, que
ejercen una posición de dominio, en contra de las más pequeñas. “La política de
delatores debe parecerse al principio de oportunidad, es decir, que hay que
delatar a peces gordos”, dice un experto. Juana Barco, representante de
Defendemos, la Liga de Consumidores de Bogotá, dice que sería gravísimo que las
empresas pequeñas salgan afectadas y las grandes se vuelvan intocables.
Defendemos interpuso tres acciones de grupo (demanda por
perjuicios) por 2,8 billones de pesos contra las empresas que hicieron parte de
los carteles de los pañales, el papel higiénico y los cuadernos. Con las
demandas se busca que las empresas puedan resarcir económicamente a los
afectados durante los 14 años en los que operaron estos carteles. Ariel Armel,
presidente de la Confederación Colombiana de Consumidores, también trabaja en
el tema.
A nivel mundial hay varios ejemplos de los resultados de
estas acciones. En 2013 se terminaron de otorgar en España las últimas
indemnizaciones por daños y perjuicios, que ascendieron a 5 millones de euros,
en el caso del cartel del azúcar descubierto en la década de los noventa.
El debate por la cartelización está candente en Colombia
porque muchos se preguntan si el principal compromiso de los empresarios, ahora
que se habla de paz y reconciliación, no debería ser el respeto por los
derechos de los consumidores colombianos. Y ese respeto parte por cobrar
precios justos, que no resulten de pactos secretos.
Multas ejemplares
En los últimos meses las grandes compañías de Estados
Unidos y Europa han sido sancionadas por acuerdos de precios. Estos son algunos
de los carteles multados en países de la Unión Europea:
Cartel del yogur: La semana pasada la Autoridad de la
Competencia de Francia sancionó con 192 millones de euros a Senagral, Novandie,
Lactalis Nestlé, entre otras, por pactar precios y repartirse el mercado.
Yoplait, que también participó del cartel no fue sancionada porque delató.
Cartel de la leche: El 3 marzo la Comisión Nacional de
Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una multa por 88,5 millones de euros al
cartel lácteo. Las sanciones cobijaron a nueve empresas y dos asociaciones por
intercambiar información sobre precios y volúmenes de compra a ganaderos. Entre
las sancionadas están Danone, Nestlé España, Central Lechera Asturiana y el
Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña, entre otras.
Cartel de la basura: En enero de este año la CNMC de España
impuso una multa de 98,2 millones de euros a 39 contratistas públicos y tres
asociaciones dedicadas a la recolección de basuras por repartirse los clientes
de las licitaciones públicas entre los años 1999 y 2013. La sanción, que
equivale al 3 por ciento de los beneficios obtenidos por las empresas en esos
años, afectó a Ferrovial, FCC, Sacyr, entre otras.
Cartel de cosméticos y aseo: Las multinacionales L’Oreal,
Unilever, Henkel, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive fueron algunas de las
empresas sancionadas en diciembre de 2014 por la Autoridad Francesa de la
Competencia, con 605,9 millones de euros por hacer pacto de precios en
productos de aseo personal, cosmética y droguería. También fueron multadas
otras ocho empresas, con 345 millones de euros, entre ellas Unilever, por
ponerse de acuerdo en precios de productos de limpieza para el hogar.
Cartel bancario: La Unión Europea impuso en 2013 multas
récord, más de 1.700 millones de euros, a cinco bancos y un corredor de bolsa
por manipular la tasa interbancaria líbor. Los implicados fueron el Deutsche
Bank, Royal Bank of Scotland, JP Morgan, Citigroup, Société Genérale y RP
Martin.
Cartel de las salchichas: Alemania desmontó en 2014 el
cartel de fabricantes de salchichas, uno de los productos más consumidos en
este país, que llevaba operando varias décadas. Cerca de 21 empresas acordaban
los precios y el desarrollo del mercado. La sanción ascendió a 338 millones de
euros.
Cartel de
televisores: La Unión Europea impuso en 2012 la que era hasta el momento la
multa más grande de su historia –1.470 millones de euros–, a los fabricantes de
televisores Philips, LG, Panasonic, Toshiba, Samsung y Technicolor por fijar el
precio de los tubos catódicos, que representaban entre el 50 y el 70 por ciento
del valor de los antiguos televiso
