Un pacto para hacer frente inmediato y expedito a la
corrupción presentada en el interior de los centros de reclusión y de los
establecimientos penitenciarios de la Nación, suscribieron la Procuraduría
General de la Nación, el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC).
El compromiso se estableció tras culminar la mesa de trabajo
realizada esta mañana en la que participó el procurador general de la Nación,
la procuradora delegada preventiva en Derechos Humanos y asuntos étnicos, la
ministra de Justicia y el director del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC).
En el marco de este proceso el Órgano de Control se
comprometió a:-Ejercer el poder disciplinario preferente dentro de las
indagaciones o investigaciones de índole disciplinaria.
-Investigación de 30 casos paradigmáticos en materia de
corrupción en el interior de los centros de reclusión y de los establecimientos
penitenciarios que serán decididos prontamente, en cumplimiento de los deberes
disciplinarios.
-Iniciar procesos verbales disciplinarios cuando las
investigaciones se ajusten a lo estipulado en la ley 734 de 2002 (Código Único
Disciplinario) para este procedimiento especial.
-Efectuar un específico trabajo preventivo en temas sensibles
como el de la salud de los reclusos/internos que se encuentren en los centros
de reclusión o carcelarios del país, que afectan directamente a la comunidad
penitenciaria.
-Acompañar preventivamente a la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios en los procesos de índole contractual.
-Velar por el estricto
cumplimiento en la remisión de los reclusos/internos ante las autoridades
preventivas, de intervención y disciplinarias a que haya lugar debiendo
realizar un trabajo articulado el componente de remisión con el INPEC y los
estrados judiciales.
-Integrar un grupo de trabajo tendiente a generar una
estrategia permanente y conjunta en el mejoramiento del sistema penitenciario y
carcelario en materia de hacinamiento, salud y la situación jurídica de la
población carcelaria a nivel nacional.
De igual forma, la Procuraduría acordó realizar acciones
conjuntas y comunes, entre éstas, se plantea el apoyo al proyecto de ley
encaminado al nuevo código penitenciario y carcelario, como se indicó en la
mesa de representantes del Ministerio de Justicia.
Dentro de las funciones constitucionales derivadas del
artículo 277, numeral 7 superior, el
Ministerio Público se comprometió a efectivizar y mejorar el nivel de
intervención de los procuradores judiciales ante los Jueces de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad; especialmente en cuanto a los problemas jurídicos
planteados en torno a las solicitudes de libertad de los reclusos/internos, de
aplicación de subrogados penales y demás peticiones elevadas ante las
autoridades de Ejecución, Penas y Medidas de Seguridad; como ante los estrados
judiciales que correspondan.
La Procuraduría busca con lo acordado en la mesa de trabajo
el fortalecimiento de la autonomía de la rama jurisdiccional, al tiempo que
generar y endurecer los mecanismos que permitan la descongestión judicial ante
los jueces de Ejecución, Penas y Medidas de Seguridad, entre otras autoridades,
un adecuado acceso de la población reclusa a la justicia y en especial, velar
por el respeto a los derechos fundamentales y Derechos Humanos de los ciudadanos
que se encuentran privados de su libertad por mandato judicial.