En defensa de los derechos de los adultos mayores
beneficiarios de planes, programas y proyectos de atención integral, el
procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, solicitó al
Ministerio de Salud y Protección Social fortalecer el seguimiento y evaluación
de los recursos de inversión pública en la materia.
A través de la Circular 003, expedida el pasado primero de
abril, el jefe del Ministerio Público requirió además a las entidades
territoriales, asambleas departamentales, concejos municipales y distritales,
direcciones seccionales de Salud y secretarías de Desarrollo Social -o quien
haga sus veces-, para que presenten los proyectos, adicionen, cofinancien y
ejecuten los mencionados recursos, según el caso.
Recuerda la circular que como ente rector de la Política
Nacional de Envejecimiento y Vejez, el Ministerio de Salud y Protección Social
tiene a su cargo, entre otros, la articulación de las entidades responsables de
la garantía de los derechos, la prevención de su vulneración, la protección y
el restablecimiento de los mismos, y por tanto debe velar por la gestión de
esta política en los territorios, brindando asistencia técnica y capacitación
en el marco de una estrategia de seguimiento.
De otra parte, el procurador general señaló que las entidades
territoriales deben formular los proyectos de Atención Integral para los
Adultos Mayores, a la luz de los Lineamientos Técnicos Nacionales para la
Ejecución de los Proyectos Territoriales de Transferencia Nacional,
actualizados por el Ministerio de Salud y Protección Social el pasado 5 de
febrero, y en el marco de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez
2012-2014.
Las autoridades territoriales deberán presentar al Ministerio
de Salud y Protección Social un informe trimestral y un informe final al
término de cada vigencia, en el que se refieran los logros, fortalezas,
dificultades, resultados alcanzados y conclusiones de la ejecución de los
proyectos.
