TERCER ABOGADO
ASESINADO POR LA DELINCUENCIA COMÚN
El abogado penalista Eduardo Ignacio Calderón fue asesinado
por tres hombres que le causaron varias heridas de puñal en su cuerpo luego de
provocar un conflicto con el jurista en cercanías de su residencia, en el
sector de Palermo, en Bogotá
La agresión se presentó el martes de esta semana en horas de
la mañana cuando Calderón se dirigía a la casa y los tres hombres lo
interceptaron. Cuando el abogado se defendía del ataque, recibió las heridas
que provocaron su muerte.
Tanto la Dijin de la Policía como el Cuerpo Técnico de
Investigación (CTI) de la Fiscalía están adelantando las pesquisas por este
crimen, que constituye el tercer homicidio de abogados en manos de la
delincuencia común de Bogotá en lo que va corrido del presente año.
INTERNAMIENTO
PREVENTIVO PARA MENOR DE 15 AÑOS POR HOMICIDIO DE SU PADRE
Luego de aceptar los cargos que la Fiscalía le imputó por el
delito de homicidio agravado, hurto y porte ilegal de armas de fuego, un menor
de 15 años de edad fue afectado con medida de internamiento preventivo, por el
Juzgado Octavo Penal Municipal de Bogotá.
Los hechos investigados ocurrieron en esta ciudad en
septiembre de 2012, cuando el menor le causó la muerte a su papá después de
dispararle en tres ocasiones por un reclamo que este le hizo. Según lo
establecido, el padre habría intentado agredir al joven, quien ante la
situación decidió buscar el arma que el primero mantenía guardada. Antes de
huir el menor hurtó de su casa el dinero que había en unas alcancías.
Días después del crimen el menor infractor ofreció disculpas
a su mamá y a su hermana y posteriormente se entregó de forma voluntaria a las
autoridades.
En los próximos días un juez con función de conocimiento dará
a conocer la sanción que deberá cumplir el joven.
ASEGURADO PRESUNTO
GUERRILLERO DE LAS FARC POR TOMA A BASE MILITAR DE MIRAFLORES, GUAVIARE
Pedro Rosas Pérez, alias “Diomer”, “Coyote” o “Jiumer
Martínez”, presunto miembros de las Farc, fue cobijado, por un fiscal de la
Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, con
medida de aseguramiento por la toma a la base militar de Miraflores, Guaviare,
en 1998 donde murieron 19 militares y tres civiles y fueron secuestrados 129
soldados.
Rosas Pérez, capturado por la Policía con el apoyo de la DEA,
el pasado 10 de abril en Arauquita, Arauca, fue asegurado por su presunta responsabilidad
a título de coautor en la ejecución de los delitos de terrorismo agravado,
rebelión, secuestro extorsivo agravado y homicidio agravado.
De acuerdo con la investigación alias “Diomer” habría
participado con un grupo de mil 600 guerrilleros de las Farc en el ataque a la
localidad de Miraflores, entre el 3 y el 5 de agosto de 1998, en una ofensiva
dirigida contra las bases militares del Ejército y el comando de la Policía
Antinarcóticos, que se extendió al centro de la localidad ocasionando daños a
la iglesia, el hospital e infraestructura de la población civil.
Durante la incursión los subversivos utilizaron armas de uso
no convencional (cilindros de gas) prohibidos por el Derecho Internacional
Humanitario.
FISCALÍA INICIÓ PROCESO
DE EXTINCIÓN DE DOMINIO A BIENES DE LOS PRIMOS NULE
Bienes por un valor comercial cercano a los 7 mil millones de
pesos de propiedad de los primos Nule y su núcleo familiar, fueron ocupados por
fiscales de la Unidad Nacional de Lavado de Activos y Extinción de Dominio, con
el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigaciones.
Se trata de dos apartamentos en los Rosales al nororiente de
Bogotá, cuatro fincas en Tolú y Tolú Viejo en Sucre, además de un apartamento y
un parqueadero en Cartagena, 155 millones de pesos en varias cuentas bancarias,
paquetes accionarios por un valor de mil 262 millones de pesos.
El Proceso de extinción de dominio se inició con base en la
Ley 793 de 2002 que permite a la Fiscalía iniciar ese tipo de procesos cuando
los indiciados son condenados por conductas cometidas en perjuicio del tesoro
público y que estén relacionadas con delitos de peculado por apropiación.
En este caso el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la
sentencia condenatoria de primera instancia en contra de Miguel Nule Velilla,
Manuel Nule Velilla, Guido Nule Marino y Mauricio Galofre Amín, por el delito
de peculado por apropiación agravado por la cuantía.
Con base en esta sentencia la Unidad de Lavado de Activos
inició el proceso de extinción de dominio contra los bienes de los primos Nule,
con el fin de recuperar para el Estado los dineros que se perdieron en el
proceso de contratación con el Distrito por el que fueron sentenciados a siete
años y medio de prisión.