Miguel Augusto Castro Peña y a William Alberto Jara Ríos,
extesorero y excontador, respectivamente, del Instituto Departamental de
Turismo del Meta, fueron asegurados, a petición de la Fiscalía, por un juez con
función de control de garantías de esa ciudad, por su posible responsabilidad
en los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público y
transferencia no consentida de activos por medios electrónicos.
Luego de labores investigativas adelantadas por el CTI de
Villavicencio bajo la coordinación de la
Fiscalía 19 Delegada de Delitos contra la Administración Pública, se estableció
que los hechos fueron denunciados el 1 de diciembre de 2011 por la entonces
directora del mencionado Instituto, por irregularidades detectadas en
septiembre de ese año.
Presumiblemente se habrían desviado recursos por 148 millones
de pesos a diferentes cuentas bancarias relacionadas con los procesados.
Después del análisis y estudios técnicos, el CTI rindió un informe en el que
determinó que en la contabilidad de la entidad no aparecían registros, ni
soportes, por desembolsos aproximados a 2.760 millones de pesos.
Jara Ríos no compareció a la diligencia a pesar de estar
citado, por lo que la fiscal solicitó al juez la declaratoria de contumacia y
le fue concedida. El Juzgado Sexto Penal Municipal expidió una orden de captura
en contra del excontador, ya que también fue declarado prófugo de la justicia.
Por su parte, Castro Peña se allanó a los cargos y la medida
de aseguramiento de detención preventiva le fue sustituida por detención
domiciliaria.
